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Santo Domingo.– El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) solicitó formalmente a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) una revisión técnica de sus procesos internos, luego de que un reportaje que revelara denuncias de empleados que alegan haber sido presionados para entregar el 5 % de su salario mensual.
La comunicación fue dirigida a la directora de la DIGEIG, Milagros Ortiz Bosch, y en ella el ITLA puso a disposición del órgano de control toda la documentación relacionada con nómina, personal y controles administrativos, con el objetivo de que se verifique el cumplimiento de las normativas legales y éticas vigentes.
La solicitud surge a raíz de la investigación periodística que expuso las denuncias sobre supuestas deducciones salariales irregulares. En el documento remitido, la institución expresa que “tiene a bien poner formalmente a disposición de esa Dirección General la información y documentación institucional pertinente”.
ITLA aclara su postura institucional
En un comunicado dirigido a la opinión pública, el ITLA afirmó que no existe ni ha existido disposición administrativa ni procedimiento oficial que autorice retenciones de sueldo con fines políticos u otros ajenos a la institución.
“La gestión administrativa y de personal del ITLA se conduce bajo estricto apego a la Constitución, la Ley de Función Pública y demás normativas vigentes, garantizando la legalidad y el respeto a los derechos de sus colaboradores”, señaló la entidad.
Asimismo, reiteró que sus relaciones laborales se basan en el respeto y la libertad individual, y que ningún colaborador debe sentirse presionado o condicionado por motivos externos a sus funciones institucionales.
La institución también manifestó su respeto por el periodismo de investigación y el derecho ciudadano a la información, asegurando que su interés es despejar cualquier duda sobre el manejo administrativo.
En ese sentido, recordó que sus mecanismos de acceso a la información están disponibles conforme a la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública y que mantiene total disposición de colaborar con cualquier proceso de verificación que contribuya al esclarecimiento de los hechos.
“Esta solicitud se realiza con el interés de garantizar una actuación institucional coherente con los estándares de integridad gubernamental y mantener la trazabilidad, transparencia y claridad requeridas”, concluye el documento.
