Aplazan audiencia contra Santiago Hazim y otros imputados en caso Senasa; Camacho afirma habrá Senasa 2.0

SANTO DOMINGO.– La Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó para el 3 de febrero la audiencia de apelación presentada por varios imputados en el caso SeNaSa 2.0, quienes buscan la revocación de la prisión preventiva que les fue impuesta como medida de coerción.

La decisión fue adoptada por los jueces Isis Muñoz, Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, debido a que una de las imputadas, Ada Ledesma Ubiera, no cuenta con representación legal, lo que obligó a suspender el conocimiento del recurso.

Además de Ledesma Ubiera, los imputados que solicitan salir en libertad son Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo.

En tanto, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo cumplen arresto domiciliario con impedimento de salida del país. En los casos de Acosta Sención y Pineda Perdomo, el tribunal impuso además una garantía económica de RD$100,000 a cada una.

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional había dictado 18 meses de prisión preventiva contra Santiago Hazim y otros seis imputados, tras acoger la solicitud del Ministerio Público, que también logró que el proceso fuera declarado caso complejo. Los acusados enfrentan cargos por presuntas irregularidades administrativas durante la pasada gestión del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

De acuerdo la investigación, el presunto entramado habría desfalcado más de RD$15 mil millones al Estado y habría sido liderado por Santiago Hazim.

El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, aseguró que la investigación continúa en una segunda fase del caso SeNaSa 2.0, y negó que existan presiones para favorecer a los principales imputados.

Camacho respondió a denuncias del dirigente Surum Hernández, quien afirmó que habría intentos de influir en el proceso judicial. El funcionario sostuvo que la institución actúa con independencia y que la Operación Cobra 2.0 permitirá incorporar nuevos elementos probatorios.

“El Ministerio Público procesará a todos los responsables del desfalco, incluyendo empresarios que recibieron fondos desviados”, afirmó Camacho, quien reiteró que las medidas de coerción vigentes se mantendrán debido a la gravedad de los hechos.