
El cantante español Julio Iglesias afirmó este jueves que la Fiscalía de España le ha impedido ejercer su derecho a la defensa en el procedimiento abierto tras las denuncias de dos exempleadas, por lo que decidió pronunciarse públicamente y difundir mensajes privados que, según sostiene, contradicen las acusaciones de presunta agresión sexual en su contra.
A través de su cuenta de Instagram, Iglesias explicó que no ha tenido acceso formal a la denuncia ni a los detalles del proceso. “Ante la negativa de la Fiscalía de España a permitirme ejercer mi defensa en el procedimiento y a proporcionarme acceso formal a la denuncia, me veo obligado a pronunciarme públicamente”, señaló.
El artista aseguró que las redes sociales son la única vía para defender su reputación y mostró conversaciones con las exempleadas que lo acusan. Según Iglesias, los mensajes de WhatsApp compartidos durante y después de su relación laboral demuestran que la información difundida carece de veracidad.
Entre las comunicaciones difundidas, se incluyen mensajes de una fisioterapeuta identificada como Stephany Abreu, fechados entre 2021 y 2022, con expresiones de afecto y agradecimiento, y mensajes de otra exempleada, María Alejandra Feliz, enviados en 2023 con un tono cordial.
Iglesias calificó de grave el uso de lo que considera informaciones falsas para dañar su imagen pública. “Es muy grave que la mentira y la desinformación se utilicen como armas para atacar a personas. Todo tiene un límite: es necesario desenmascarar estas falsedades y contar la verdad”, expresó.
Las declaraciones del cantante se producen tras investigaciones periodísticas de elDiario.es y Univisión Noticias, en las que dos mujeres que trabajaron para él relataron presuntos episodios de acoso y abuso ocurridos en 2021 en residencias vinculadas al artista en República Dominicana y las Bahamas, incluyendo alegaciones de penetraciones no consentidas.
Por su parte, la defensa legal de Iglesias solicitó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional el archivo de la denuncia, alegando que la justicia española no tendría jurisdicción sobre los hechos denunciados; la solicitud aún se encuentra en evaluación.

