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San José de Ocoa, RD.- En respuesta a una solicitud del Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Proedemaren), un tribunal de primera instancia impuso una multa y una indemnización de RD$60 millones a la empresa Agroforestal MACAPI, además de una pena de dos años de prisión suspendida para su propietario, debido a los daños ambientales causados en Loma Redonda, en San José de Ocoa.
La sentencia, dictada por el juez Alfis Brandeli Castillo Castillo, del Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San José de Ocoa, impone al agroempresario Manuel Castillo Pimentel una pena de dos años de prisión, en modalidad suspendida.
Gracias a las gestiones de la Proedemaren, el Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San José de Ocoa notificó la decisión al Ministerio Público el pasado 10 de diciembre de 2025.
La sentencia condenatoria, identificada con el número 00010/2023 y emitida el 11 de mayo de 2023, estaba pendiente de notificación.
La empresa y Castillo Pimentel fueron procesados por violar las disposiciones de los artículos 40, 41, numerales 8 y 18, y párrafo II, 80, 121, 122, 124, 126, 138, 156, 174, 175 numeral 1 y 183 de la Ley 64-00, Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales; así como los artículos 62 numeral 1, 63 y 64 de la Ley 57-18, Ley Sectorial Forestal de la República Dominicana, en perjuicio del Estado Dominicano.
La sentencia impone a Agroforestal MACAPI, S.A. y a Castillo Pimentel el pago de una multa de 5,000 salarios mínimos (RD$50,000,000) a favor del Estado Dominicano, así como dos años de prisión en la Cárcel Pública de Baní para Hombres, aunque esta última pena queda suspendida por la aplicación del Artículo 341 del Código Procesal Penal.
El procurador de corte Francisco Contreras, titular de la Proedemaren, destacó que el tribunal condena a los procesados, además, a reparar y restaurar el área afectada, que abarca aproximadamente 100 tareas, mediante un plan de reforestación con plantas nativas de la zona, el cual será supervisado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Contreras explicó que ese órgano del Ministerio Público, además de encauzar el proceso penal, se constituyó en actor civil, razón por lo que a los procesados se le impuso RD$10 millones de indemnización al Estado dominicano, “como justa reparación de los daños morales sufridos por éste a causa de los ilícitos ambientales cometidos por el imputado”.
La sentencia también dispone que los procesados deben pagar las costas penales.
En el caso, el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Rudy Alberto Pérez Medrano, José Espinal Beato, Ramón Emilio Calderón y Héctor Santiago Peralta, de la Proedemaren.
La Proedemaren inició el proceso en julio de 2022. La empresa y Castillo Pimentel son responsables de daños ambientales que afectaron los recursos del suelo, la biodiversidad (flora, fauna y recursos hídricos), además de causar un impacto ambiental en torno a la Loma Redonda, según explica la acusación.
Estos daños incluyen la deforestación de más de 150 tareas como resultado de la eliminación de especies de la vegetación nativa, como el nin, el jobo de puerco, la guama, la uva, el palo hediondo, el lino, el caimito, el candelón, la cucaracha, los bejucos, el almácigo, la caya, la jabilla, la bayahonda, entre otras.
Además, con sus acciones afectó una fuente hídrica, dejándola al borde del colapso como consecuencia de la deforestación en un área aproximada de cuatro tareas.
Además de esto, construyó una explanada de 13,000 metros cuadrados y varios caminos carreteros con una longitud de nueve kilómetros y un ancho de tres a cuatro metros.
