
En su exposición ante el tribunal, la defensa de José Ramón Peralta sostuvo que durante su gestión como ministro administrativo de la Presidencia no existieron denuncias, auditorías ni hallazgos oficiales que evidencien irregularidades atribuibles a su actuación.
Los abogados enfatizaron que el ejercicio de la función pública de Peralta no estuvo acompañado de beneficios económicos personales, destacando que no se demostró cobro indebido, soborno ni recepción de dádivas vinculadas a decisiones administrativas.
Asimismo, la defensa subrayó que el Ministerio Administrativo de la Presidencia no figura como institución imputada ni investigada dentro del expediente, ni se han presentado informes de órganos de control que señalen procesos irregulares durante ese período. Con estos planteamientos, el equipo legal insistió en que no se configura una conducta ilícita en el ejercicio de las funciones públicas de Peralta, y que la acusación carece de respaldo institucional y probatorio que permita sostener imputaciones penales en su contra.