Juristas respaldan sanciones penales en nueva Ley de Compras y Contrataciones

Abogados valoraron como positiva la inclusión de sanciones penales en la recién entrada en vigor Ley de Compras y Contrataciones Públicas 47-25, al considerar que el Congreso Nacional está facultado para establecer tipos penales a través de leyes especiales, cuando estas buscan proteger el interés público.

La normativa, que comenzó a aplicarse este miércoles, establece sanciones contra funcionarios públicos y legisladores que negocien o contraten con el Estado, una disposición que no existía en la legislación anterior.

Con la entrada en vigencia de la Ley 47-25, los funcionarios y legisladores que incurran en este tipo de prácticas podrían enfrentar penas de hasta diez años de prisión, además de otras sanciones administrativas, marcando un cambio significativo en el marco legal que rige las contrataciones del Estado.

Los abogados coincidieron en que la medida representa un avance en la lucha contra la corrupción y en el fortalecimiento institucional, al establecer responsabilidades penales claras para quienes utilicen su posición en el sector público para obtener beneficios personales mediante negocios con el Estado.