El Frente Amplio desafía sentencia del Tribunal Constitucional por limitar transparencia en el sector salud

Santo Domingo, R.D.- El Frente Amplio rechazó la Sentencia TC/1774/25, emitida por el Tribunal Constitucional, al considerarla inconstitucional y contraria al principio de transparencia, ya que excluye a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) privadas de la aplicación de la Ley General núm. 200-04, de Libre Acceso a la Información Pública.

La organización política afirmó que esta decisión debilita gravemente el derecho fundamental de acceso a la información, consagrado en la Constitución, y favorece la opacidad en un sector que gestiona un servicio público esencial, como es la salud, financiado mediante cotizaciones obligatorias establecidas por ley.

“El Tribunal Constitucional adopta una interpretación formalista y restrictiva, reduciendo el concepto de fondos públicos exclusivamente a los recursos consignados en el Presupuesto General del Estado. Ignora que las ARS administran recursos de la seguridad social de carácter obligatorio, destinados a garantizar el derecho fundamental a la salud de millones de dominicanos y dominicanas”, expresó el Frente Amplio.

El FA advirtió que, aunque las ARS tengan naturaleza privada, ejercen funciones de interés general, operan bajo autorización estatal previa y están sometidas a una regulación intensa, por lo que no pueden ser equiparadas a simples empresas privadas ordinarias ni quedar exentas del escrutinio ciudadano.

Asimismo, cuestionó que el Tribunal pretenda sustituir el derecho directo de la ciudadanía a la información por un control indirecto a través de la SISALRIL, señalando que la supervisión administrativa no reemplaza el derecho constitucional a la transparencia ni garantiza el control social efectivo sobre entidades que manejan recursos de alto impacto público.

Destacó como contradictorio que el propio Tribunal reconozca que el SeNaSa está sujeto a la Ley 200-04 por administrar fondos públicos, mientras excluye a las ARS privadas, creando una peligrosa asimetría de transparencia dentro del mismo sistema de salud.

Hizo un llamado a los sectores sociales, académicos y políticos para impulsar una reforma legal y constitucional que garantice la plena transparencia en el sistema de seguridad social, y advirtió que decisiones como esta erosionan la confianza pública, favorecen la impunidad administrativa y debilitan el control democrático sobre servicios esenciales.