Defensa afirma que es materialmente imposible que Donald Guerrero haya cometido los hechos imputados

Santo Domingo.-La defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, afirmó que es materialmente imposible que haya cometido los hechos que le imputa el Ministerio Público, al tratarse de pagos correspondientes a obligaciones legales preexistentes del Estado, debidamente registradas en la contabilidad pública, sin discrecionalidad, sin daño al erario y sin beneficio personal.

Así lo sostuvo el abogado Eduardo Núñez, quien explicó que las operaciones cuestionadas están documentadas, auditadas y asentadas en los sistemas oficiales del Estado,lo que descarta cualquier desvío de fondos o irregularidad penal. “El Ministerio Público pretende presentar como delitos actos administrativos obligatorios. Pero cuando un funcionario cumple la ley y todo queda registrado oficialmente, no hay corrupción posible”, señaló.

Hacienda no decidió: ejecutó mandatos de ley

La defensa subrayó que el Ministerio de Hacienda no tiene facultad para expropiar terrenos, fijar precios ni escoger beneficiarios. Su función legal es ejecutar pagos previamente establecidos por sentencias judiciales, decretos o avalúos oficiales.

“Aquí no hubo decisiones ni maniobras ocultas: hubo pagos obligatorios y totalmente registrados. Llamar delito al cumplimiento de la ley es forzar una acusación que se cae por su propio peso”, afirmó Núñez.

Los RD$ 21,000 millones: una operación entre entidades del Estado, no un desvío

Uno de los ejes de la acusación es el pago realizado por el Ministerio de Hacienda al Banco de Reservas para desmontar el programa de contratistas, por un monto aproximado de RD$21,000 millones.

La defensa enfatizó que:

• Fue una operación interinstitucional, no un pago a particulares

• El dinero nunca salió del Estado

• La operación fue registrada como reducción de pasivos,no como gasto irregular

Estos movimientos constan en los registros oficiales del SIGEF y en el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas (ERIR 2020). “Un fraude no se registra, no se publica ni se explica en los informes oficiales del propio Estado. Cuando la contabilidad pública documenta una operación, la narrativa de corrupción se derrumba por sí sola”, sostuvo la defensa.

Expropiaciones: deudas constitucionales, no pagos irregulares

Núñez explicó que muchos de los pagos cuestionados corresponden a terrenos ocupados por el Estado desde hace décadas para obras públicas como carreteras, aeropuertos y parques, sin que se hubiera cumplido oportunamente la obligación constitucional de compensar a sus propietarios.

En numerosos casos:

• Los pagos fueron ordenados por sentencias judiciales

• Los montos fueron fijados por avalúos oficiales del Catastro Nacional

• Los terrenos continúan siendo utilizados para fines públicos

“El Estado pagó por terrenos que ya ocupaba y utilizaba. Cumplir la Constitución y saldar deudas legales no puede convertirse en delito”, afirmó.

Sin daño al Estado ni enriquecimiento ilícito, no hay delito

La defensa recalcó que los delitos imputados requieren daño patrimonial real y beneficio indebido, elementos que —según afirmó— no existen en este caso.

• El Estado pagó obligaciones legales preexistentes

• No hubo pérdida patrimonial

• No existe una sola prueba de enriquecimiento personal

“No hay evidencia alguna de que esos fondos terminaran en manos del señor Donald Guerrero. Sin daño al Estado y sin beneficio ilícito, la imputación penal no se sostiene”, declaró Núñez.

Una acusación que contradice los propios documentos del Estado

Finalmente, la defensa insistió en que la acusación choca frontalmente con la documentación oficial del propio Estado.

“Cuando un funcionario ejecuta obligaciones legales, con registros oficiales, sin beneficio personal y sin perjuicio económico, no estamos ante un delito: estamos ante la aplicación normal de la ley”, concluyó Núñez. “Por eso afirmamos, con firmeza jurídica, que es materialmente imposible que Donald Guerrero haya cometido los hechos que se le imputan”.