
Santo Domingo, RD.- El magistrado Justiniano Montero, presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), afirmó que la ética judicial, como instrumento de prevención y guía de comportamiento para jueces, juezas y servidores, constituye un pilar esencial para el fortalecimiento de la confianza ciudadana y la legitimidad del sistema de administración de justicia.
El juez Montero hizo el señalamiento al participar como expositor invitado en la conferencia virtual titulada “Importancia de la Ética Judicial y el Rol de los Órganos de Gobernanza en el Control de la Ética en la Aplicación de los Códigos de Comportamiento Ético”, auspiciada por la Organización Internacional para la Formación Judicial (IOJT) y la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ).
El primer aspecto que debemos mencionar es que, desde esa perspectiva del Código de Comportamiento Ético, tendrás el enfoque de que son instrumentos de prevención. "Es posible concebir un proyecto de educación ética como fórmula para continuar mejorando la administración de justicia", sostuvo el magistrado durante el evento moderado por Armando Andruet, director internacional de la Cátedra de Ética Judicial "Manuel Ruiz Tejada" de la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana.
Insistió en que los jueces y funcionarios judiciales son garantes de la credibilidad y la confianza pública en la institución, y agregó que el Poder Judicial tiene un Código de Ética que ha superado los límites de otros códigos en diversas sociedades y naciones.
Dijo que la función ética debe siempre responder a la visión de fomentar la confianza pública y la credibilidad en las instituciones. En este sentido, los actores activos del sistema deben tener claro que la ética pública, derivada de los principios y valores que identifican a la institución, debe ser el norte a seguir, tal como lo consigna la lógica, desde la perspectiva de la relación de los jueces con el Poder Judicial.
Explicó que la ética y los órganos de aplicación son herramientas esenciales para guiar la actuación de quienes forman parte del sistema de justicia, al establecer principios que fortalecen la integridad institucional.
Destacó el papel estratégico de los órganos responsables de la aplicación y supervisión de los códigos éticos para cumplir una función no solo disciplinaria, sino también preventiva, orientadora y formativa, al acompañar a jueces y servidores judiciales en la correcta interpretación de los principios éticos ante situaciones complejas del quehacer jurisdiccional.