Coalición condena fallo que amenaza las áreas protegidas

Santo Domingo, República Dominicana.- La Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas expresa su profunda preocupación ante la reciente sentencia del Tribunal Superior Administrativo, la cual afectaría gravemente al Parque Nacional Jaragua, una de nuestras áreas protegidas más importantes. Esta sentencia ordena la actualización del Catastro Nacional de Áreas Protegidas y, en los hechos, dispone la exclusión de ciertas parcelas.

Más allá del fallo jurídico, debemos alertar que esta decisión corre el riesgo de validar históricas pretensiones dirigidas a la apropiación irregular de terrenos en zonas de conservación estricta. Nos enfrentamos a un entramado sistémico que, a lo largo del tiempo, ha logrado articular a sectores políticos, empresariales y particulares en maniobras orientadas a distorsionar la realidad documental de estos territorios. Esta persistencia representa hoy la principal amenaza para la integridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y debe ser frenada con contundencia para evitar la enajenación del patrimonio público", indicó.

La Coalición advierte que la decisión judicial, tal como ha sido emitida, plantea serios riesgos para la integridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y para el cumplimiento de los compromisos constitucionales y ambientales asumidos por el Estado dominicano.

“Si este criterio se confirma, se establecería un precedente según el cual las omisiones administrativas de carácter técnico o cartográfico podrían prevalecer sobre áreas protegidas creadas por ley, debilitando el principio de legalidad ambiental y el mandato constitucional de protección del patrimonio natural de la Nación”, agregó la Coalición.

“La protección de las áreas protegidas no puede depender del grado de actualización de un mapa o de un registro administrativo. Las áreas protegidas existen porque han sido creadas por ley y porque cumplen una función ambiental y social esencial para la sostenibilidad”, señala la Coalición.

Asimismo, la Coalición advierte que esta interpretación temeraria de los jueces del TSA podría abrir la puerta a una judicialización masiva del SINAP, lo que generaría incertidumbre jurídica, presión sobre ecosistemas frágiles y una regresión ambiental incompatible con los principios consagrados en la Constitución de la República y en varios acuerdos internacionales de los que el país es signatario, en especial el derecho colectivo a un medio ambiente sano.

Las organizaciones que forman parte de la Coalición reiteran que el desarrollo económico y turístico debe ser compatible con la conservación ambiental, y que cualquier revisión del régimen de áreas protegidas debe llevarse a cabo por la vía legislativa, con base científica, participación pública y pleno respeto a la Constitución y a los compromisos internacionales del país.

Asimismo, la Coalición manifiesta su disposición para constituirse como interviniente voluntaria en los procesos judiciales pertinentes, con el objetivo de revertir este desatino. En ese sentido, hace un llamado respetuoso a las instancias judiciales competentes para que, al conocer los recursos correspondientes, ponderen adecuadamente los derechos colectivos, el principio de no regresión ambiental y el interés público, garantizando que ninguna decisión judicial debilite estructuralmente el sistema de áreas protegidas.

La Coalición reafirma su compromiso continuo con la defensa del patrimonio natural, en beneficio de las generaciones presentes y futuras.