
Santo Domingo, RD.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) manifestó su oposición a la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena la modificación de los límites del Parque Nacional Jaragua, al considerar que dicha decisión constituye un grave precedente para la integridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
El órgano especializado del PLD en materia medioambiental advierte que esta sentencia vulnera de manera directa el orden constitucional vigente.
En un comunicado se explica: "La Constitución de la República establece claramente que los límites de las áreas protegidas solo pueden ser reducidos por ley, con el voto favorable de dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso Nacional".
Agrega que intentar modificar una unidad del SINAP a través de la vía judicial constituye una violación al principio de legalidad ambiental y al mandato constitucional de protección del patrimonio natural de la nación.
"Es jurídicamente insostenible intentar justificar la reducción de un parque nacional apelando a una ley ordinaria relacionada con el desarrollo turístico, situándola por encima de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas y de la propia Constitución. Este enfoque abre la puerta a una peligrosa regresión ambiental y a la judicialización de las áreas protegidas, generando incertidumbre jurídica y presión sobre ecosistemas de alto valor ecológico", destaca el Partido de la Liberación Dominicana a través de su Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El PLD recuerda que durante sus gobiernos se tomaron decisiones firmes y responsables en favor de la conservación ambiental y el fortalecimiento del SINAP. Entre estas decisiones, se destaca el Decreto 571-09, mediante el cual se ampliaron, redefinieron y reafirmaron los límites de varias áreas protegidas, corrigiendo distorsiones históricas y fortaleciendo la seguridad jurídica de estos espacios, siempre en estricto apego a la Constitución y a la Ley.
“El desarrollo económico y turístico no puede ni debe construirse a costa de la destrucción del patrimonio natural. Cualquier revisión del régimen de áreas protegidas debe realizarse exclusivamente por la vía legislativa, con base científica, participación ciudadana y pleno respeto al marco constitucional”, señaló la secretaría especializada del PLD.
Los ambientalistas y dirigentes del PLD señalan que estarán acompañando y apoyando todas las acciones jurídicas que se interpongan para preservar la integridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
“Estamos poniendo a disposición el cuerpo de abogados especializados en materia ambiental y constitucional, con el objetivo de contribuir, por las vías legales correspondientes, a que ninguna decisión judicial o administrativa debilite estructuralmente la protección de las áreas protegidas del país”, concluye el comunicado del PLD.