Respuesta íntegra del gobierno a la CIDH frente a críticas a las políticas migratorias

Santo Domingo, RD.- A continuación, se publica la respuesta íntegra del Gobierno dominicano a un comunicado emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual se cuestionan las políticas migratorias implementadas en el país:

República Dominicana toma nota del comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado ayer, relativo a las políticas migratorias adoptadas por el Estado. En ese contexto, establece su posición de manera clara y responsable, reafirmando su compromiso histórico con la protección de los derechos humanos y, al mismo tiempo, con el cumplimiento legítimo de su marco legal interno.

El fenómeno migratorio que enfrenta el país debe analizarse en su dimensión regional. La prolongada crisis política, de seguridad y humanitaria en Haití ha generado una presión migratoria sostenida y excepcional. Durante décadas, el Estado dominicano ha asumido, con sentido de solidaridad y responsabilidad humana, una carga desproporcionada ante una crisis que trasciende sus fronteras.

En ejercicio de su soberanía, la República Dominicana tiene el derecho y la obligación de regular el ingreso, la permanencia y la salida de personas en su territorio. Esta potestad no es discrecional ni arbitraria: se ejerce conforme a la Constitución, la legislación nacional y los estándares internacionales de derechos humanos. Como ha reconocido reiteradamente el propio sistema interamericano, la facultad de definir políticas migratorias constituye un atributo esencial de la soberanía estatal.

Las medidas adoptadas por el Gobierno dominicano responden a la necesidad legítima de gestionar de manera ordenada un flujo migratorio extraordinario para evitar el impacto negativo que este genera sobre la cohesión social y el gasto en servicios públicos. Ningún Estado puede ser obligado a asumir la protección o provisión de servicios para la población de otro Estado ante el colapso de este último.

En este sentido, rechazamos el llamado de la Comisión a aplicar el principio de no devolución de manera general a todos los migrantes en situación migratoria irregular, ya que esto equivaldría a obligar al Estado dominicano a aceptar a cualquier ciudadano haitiano que desee ingresar, incluso de manera irregular, a nuestro territorio.

En ocasiones anteriores, el Gobierno dominicano ha señalado que la crisis haitiana no es un obstáculo para el cumplimiento de las leyes dominicanas en materia migratoria. La crisis haitiana constituye un desafío regional que requiere una respuesta colectiva. No existe una solución dominicana para la crisis haitiana. La República Dominicana continuará abogando activamente en los foros multilaterales por una acción internacional efectiva, solidaria y corresponsable.

En materia de salud, República Dominicana reafirma que ninguna persona es privada de atención médica de urgencia debido a su estatus migratorio. Los protocolos de coordinación entre las autoridades sanitarias y migratorias buscan organizar la prestación de servicios en un contexto de alta demanda, con una protección reforzada para mujeres gestantes, niños y pacientes con condiciones especiales.

En los centros de procesamiento migratorio, el Estado ha estado implementando mejoras progresivas en la infraestructura, las condiciones sanitarias y la atención médica básica, con mecanismos de supervisión interna y coordinación con las instituciones competentes. La República Dominicana mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier trato inhumano o degradante.

El Estado dominicano observa con preocupación que el comunicado de la CIDH parece dar prioridad a alegaciones no verificadas sobre la información oficial proporcionada por las autoridades nacionales. Reitera su disposición para el intercambio técnico y transparente de datos, y subraya que toda evaluación debe incorporar fuentes verificables y considerar el contexto regional que explica la presión migratoria excepcional.

La protección de los derechos humanos y la defensa del interés nacional no son objetivos opuestos. La gestión ordenada y soberana de la migración es una condición necesaria para preservar la estabilidad institucional y garantizar los derechos de todas las personas bajo la jurisdicción del Estado.

En ese espíritu, la República Dominicana reitera su voluntad de profundizar la cooperación técnica con la CIDH, basándose en el respeto mutuo y la buena fe. El país valora el sistema interamericano como un espacio de diálogo y mantiene abiertos los canales institucionales para avanzar en soluciones equilibradas que protejan los derechos humanos y respeten la soberanía dominicana.