El “impuesto” que les cobran a los empleados públicos para financiar el partido desata una crisis en el PRM

Santo Domingo, RD.- Un desliz de empleados públicos pertenecientes al Partido Revolucionario Moderno, PRM, de hacer público un aporte de su sueldo que deben entregar al partido y movimientos políticos pertenecientes a funcionarios públicos ha levantado una polvareda político.

Empleados públicos denunciaron que parte de sus salarios ha sido destinado, sin su consentimiento, a financiar movimientos políticos vinculados a autoridades de sus instituciones.

El escándalo estalló tras la publicación de un reportaje el 18 de enero que reveló que trabajadores del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) aportaban alrededor del 5 % de sus sueldos al movimiento político “Jóvenes Unidos por el Cambio”, liderado por el entonces rector Rafael Féliz García. La investigación, basada en testimonios, documentos y comprobantes bancarios, provocó cuestionamientos inmediatos sobre prácticas de clientelismo político y manejo irregular de la nómina estatal.

La reacción no se hizo esperar. El presidente Luis Abinader destituyó a Féliz García mediante el decreto número 39-26, mientras la opinión pública demandaba transparencia y sanciones contundentes.

Pero la polémica no se detuvo allí. Este sábado, otro reportaje centró su atención en el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), donde trabajadores denunciaron descuentos similares en sus salarios para financiar el movimiento político “La Maquinaria del Cambio”, vinculado a Hecmilio Galván, director de la institución.

Ante la presión mediática y ciudadana, figuras clave del PRM se han pronunciado. Funcionarios como José Ignacio Paliza, presidente del partido; Andrés Bautista y Rafael Santos Badía, director de INFOTEP y secretario de Educación y Doctrina, coincidieron en que los montos cobrados a empleados públicos deben ser devueltos y se deben tomar medidas correctivas.

La secretaria general del PRM, Carolina Mejía, informó que la dirección del partido se reunirá mañana para analizar temas como las denuncias de cancelaciones masivas y cobros irregulares a los empleados de las instituciones como aportes a partidos o movimientos políticos y el daño que esto pudiera generar a la imagen de la organización.

“Se deben investigar las denuncias sobre actos irregulares en instituciones y aplicar los correctivos de lugar”, afirmó Andrés Bautista, mientras Paliza garantizó que el PRM investigará los cobros irregulares y aplicará sanciones.

El escándalo ha generado además un debate sobre la seguridad y libertad de los empleados públicos

La directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, calificó como “imprudente” la amenaza del diputado Jorge Frías contra los trabajadores que decidan denunciar estos actos ante los medios de comunicación.

Con la transparencia en la mira y la confianza pública en juego, el PRM enfrenta su momento más delicado desde que llegó al poder, mientras se multiplican las voces que exigen el fin de prácticas de financiamiento político a costa de los empleados estatales.