
Santo Domingo, RD.- La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (CAUASD) valora de manera positiva, responsable y esperanzadora el anuncio realizado por la Procuradora General de la República, magistrada Yeni Berenice Reynoso, en el que instruye una investigación exhaustiva e inmediata sobre las afectaciones, ocupaciones ilegales y posibles fraudes inmobiliarios en diversas áreas protegidas del país. Estas áreas incluyen el Parque Nacional Jaragua, Bucanyé, Sierra de Bahoruco, Valle Nuevo, Dunas de Baní y el Parque Nacional Hoyo del Pino. Además, se ampliarán las indagatorias a los actos que hayan derivado en la emisión de títulos y acciones privadas que comprometan su integridad.
La trascendencia de esta decisión es mayor por tres razones fundamentales:
Defiende el patrimonio natural como un bien público: las áreas protegidas son el soporte de la biodiversidad, el paisaje, la cultura, los suelos, los bosques y las costas; no son mercancía ni botín, sino garantía de vida y de soberanía ambiental.
2. Protege la seguridad hídrica nacional: la integridad de los ecosistemas de montaña, humedales, dunas, bosques secos y bosques nublados está directamente vinculada a la producción, regulación y calidad del agua que consume la población y que requiere la economía.
3. Fortalece el Estado de derecho ambiental: investigar entramados, corrupción, falsificación, prevaricación y cualquier mecanismo que haya facilitado el apoderamiento de bienes naturales públicos envía un mensaje claro: la impunidad ambiental no puede normalizarse.
La CAUASD considera especialmente relevante que la fuerza de tarea especial, coordinada por el procurador adjunto Wilson Camacho e integrada por instancias especializadas del Ministerio Público y la Jurisdicción Inmobiliaria, disponga además la elaboración, junto con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de un informe pormenorizado sobre la situación jurídica y el impacto de los delitos medioambientales en las 134 áreas protegidas del SINAP. Este componente es crucial para ordenar evidencia, establecer patrones, identificar riesgos acumulativos y construir decisiones con una base técnica y legal sólida.
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La Comisión Ambiental de la UASD reitera su plena disposición para acompañar este proceso y pone a disposición del Ministerio Público, de las instituciones competentes y del país su capacidad humana y técnica, incluyendo sus equipos de trabajo y sus especialistas en diversas áreas relacionadas con la investigación.
Reafirmamos que la defensa de las Áreas Protegidas no admite ambigüedades: es una causa nacional, tanto para el presente como para el futuro. La UASD, como universidad pública, está llamada a contribuir con ciencia, ética y compromiso social para que la verdad se investigue, se documente y se sancione conforme a la ley, y para que se garantice la no repetición de prácticas que dañan irreversiblemente el patrimonio natural dominicano.