Según Fuerza del Pueblo, pobreza sobrepasaría el 60% con medida internacional

Santo Domingo.– El partido Fuerza del Pueblo (FP) presentó este lunes su Balance Social 2025, en el cual afirmó que la pobreza en la República Dominicana superaría el 60% si se aplicara el estándar internacional de medición de ingresos, en lugar de los parámetros oficiales que actualmente utiliza el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El exvicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, explicó que el presidente Abinader ha afirmado que la pobreza disminuyó del 39.65% en 2012 al 18.4% en 2025, y que más de dos millones de dominicanos salieron de la pobreza monetaria. Sin embargo, Alburquerque señaló que el debate no debe centrarse únicamente en las cifras finales, sino en los criterios utilizados para definir quién es pobre y quién no.

El exmandatario señaló que, según la Metodología Oficial 2022 para el Cálculo de la Pobreza Monetaria, el Estado considera que una persona puede cubrir su alimentación básica con RD$125 diarios, lo que equivale a menos de RD$3,750 mensuales para clasificarla como en extrema pobreza. A su juicio, el problema no es solo la cifra que se anuncia, sino el estándar con el que se construye la estadística.

Explicó que, al comparar esos montos con los precios actuales de los alimentos, como las habichuelas a RD$80 la libra, la carne de res a RD$180 y el pollo a más de RD$90, resulta evidente que esos ingresos no garantizan una dieta saludable ni el acceso a otros bienes esenciales. Insistió en que reducir la línea de pobreza en el papel no equivale a mejorar las condiciones reales de vida.

Añadió que organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, estiman que se requieren alrededor de RD$9,000 mensuales por persona para acceder a una dieta saludable. Sostuvo que, si se aplicara ese parámetro internacional y se mantuviera la misma relación utilizada por el propio gobierno entre pobreza extrema y pobreza general, la pobreza total superaría el 60%, lo que revela una profunda brecha entre la estadística oficial y la realidad cotidiana de las familias.

Alburquerque afirmó que "la pobreza no desapareció; lo que sucedió fue que se redefinió a la baja el estándar para medirla. Cuando se baja el listón, el salto parece más alto, pero la realidad no cambia".

Asimismo, afirmó que “al llamado cártel del cambio le incomoda la verdad. La realidad es que han debilitado programas sociales fundamentales y han convertido la política social en un instrumento que favorece intereses particulares por encima de las necesidades de la población”.

En el ámbito laboral, Nelsida Marmolejos, secretaria de Asuntos Laborales y Sindicales de la Fuerza del Pueblo, afirmó que durante los últimos cinco años se ha producido un deterioro constante del poder adquisitivo de los trabajadores, como resultado de políticas salariales que no han compensado el aumento del costo de la vida.

Señaló que el salario mínimo de los empleados públicos sigue establecido en RD$10,000 mensuales, lo que coloca a miles de servidores públicos en una posición de vulnerabilidad económica ante el aumento de los precios de alimentos, transporte, electricidad y medicamentos.

Asimismo, denunció la falta de indexación de los salarios que superan los RD$34,000 mensuales, lo cual ha generado una pérdida real de ingresos en amplios sectores de la clase media asalariada. Explicó que esta situación implica que muchos trabajadores pagan más impuestos en términos nominales, mientras que su capacidad de compra se reduce progresivamente.

Marmolejos también cuestionó el manejo del Código de Trabajo y el cumplimiento del acuerdo tripartito, especialmente en lo relacionado con la protección del auxilio de cesantía. Señaló que cualquier reforma laboral debe preservar los derechos adquiridos y garantizar la estabilidad jurídica para los trabajadores.

De igual manera, advirtió que el aumento del endeudamiento público no se ha traducido en mejoras proporcionales en los servicios sociales ni en el fortalecimiento del empleo formal, lo que, a su entender, evidencia una desconexión entre la política económica y las necesidades reales de la población trabajadora.

En materia de seguridad social, Fernando Caamaño, secretario del área en la Fuerza del Pueblo, afirmó que el año 2025 representó un período de retrocesos en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, debido al incumplimiento de disposiciones fundamentales contenidas en la Ley 87-01 y en la Ley 13-20.

Caamaño recordó que aún no se ha llevado a cabo la actualización integral del marco legal del sistema, a pesar de que la ley establece plazos claros para su revisión. En su opinión, la falta de reformas estructurales ha limitado la expansión efectiva de derechos y la mejora en la calidad de los servicios.

Asimismo, afirmó que la situación financiera del Seguro Nacional de Salud requiere transparencia y aclaraciones exhaustivas, por lo que reiteró la necesidad de realizar una auditoría forense independiente, siguiendo estándares internacionales, que permita determinar con precisión el manejo de los recursos.

Señaló que el gasto de bolsillo en salud sigue superando el 44% del gasto total, a pesar de que la cobertura poblacional alcanza aproximadamente el 97%. Esto demuestra que la universalidad formal no ha proporcionado una protección financiera real para las familias.

También expresó preocupación por propuestas que podrían modificar la estructura del régimen contributivo subsidiado, trasladando mayores cargas económicas a los trabajadores por cuenta propia y a los sectores informales. Subrayó que el sistema debe fortalecerse bajo los principios de solidaridad, equidad y responsabilidad estatal, no debilitarse.

La Fuerza del Pueblo concluyó que el Balance Social 2025 evidencia una brecha significativa entre el discurso oficial y la experiencia cotidiana de la población. La organización reiteró que el desarrollo no puede medirse únicamente en cifras macroeconómicas, sino en la capacidad real de las familias para cubrir alimentación, salud, vivienda y educación con ingresos dignos.

Afirmó que el país necesita una política social basada en estándares realistas, transparencia institucional y el fortalecimiento del empleo formal, lo cual permitiría reducir la pobreza de manera auténtica y sostenible.

"La organización afirmó: 'El bienestar no se decreta; se construye con políticas responsables y con respeto a los derechos de las personas. Comer es lo primero.'"