El procurador Wilson Camacho espera sentencias ejemplares en el caso de corrupción contra altos generales

Santo Domingo, RD.- El procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, confió en que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dicte sentencias ejemplares en el juicio por corrupción administrativa que se sigue contra los generales Adán Cáceres, Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola y sus cómplices.

"Esperamos que este caso se cierre con sentencias que sean ejemplares y no meramente simbólicas", dijo Camacho al responder a los periodistas que lo abordaron respecto a unos planteamientos formulados al tribunal por la defensa del procesado Raúl Alejandro Girón, los cuales el procurador adjunto calificó como una "confusión" de su abogado.

"Eso no es más que una confusión", dijo.

“El acuerdo que el Ministerio Público ha realizado con Raúl Alejandro Girón está plasmado en un documento. Hemos puesto ese documento a disposición del tribunal, y no debería haber mayores inconvenientes para que este proceso concluya conforme a los términos incluidos en dicho acuerdo”, indicó.

Recordó que el Ministerio Público asumió un compromiso al acordar ciertos términos que están plasmados en un documento. "Cumplimos con esos términos y la defensa debe respetar, además, los términos establecidos en este acuerdo", afirmó.

Indicó que la forma de presentar ese acuerdo en el tribunal puede ser de manera oral durante la audiencia, especialmente porque el proceso, según el Código, es oral. Por lo tanto, no había ninguna necesidad de presentar el acuerdo por escrito en el tribunal. "Sin embargo, hoy lo hemos puesto a disposición del tribunal para que pueda tener claridad sobre los términos acordados por el Ministerio Público y, sobre todo, para que se sepa que el Ministerio Público ha cumplido al pie de la letra con el acuerdo alcanzado", indicó.

Recordó también que el acuerdo incluye el decomiso de dinero, lo cual se justifica con las pruebas presentadas por el Ministerio Público en la audiencia presidida por las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

"Lo que hemos presentado en el proceso justifica el decomiso de ese dinero, y esperamos que el tribunal lo ordene", indicó.

"Ya verán los periodistas que, según el derecho, procede el decomiso de ese dinero, y eso es lo que va a sostener el Ministerio Público", sostuvo.

"Esperamos que este caso se cierre con sentencias que sean ejemplares y no meramente simbólicas", expresó el procurador adjunto, quien representó al Ministerio Público junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Jonathan Pérez Fulcar.

El proceso judicial

El Ministerio Público solicitó el pasado mes de febrero al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional imponer penas de 20 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos a los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo De los Santos Viola, procesados por corrupción a partir de la judicialización de las operaciones Coral y Coral 5G, que enfrentaron a una red que sustrajo al Estado más de RD$4,500 millones.

Igualmente, solicitó la misma pena para los acusados: el coronel Rafael Núñez de Aza, el general Boanerges Reyes Batista y el capitán Franklin Antonio Mata Flores.

También solicitó la imposición de 15 años de prisión y el pago de 300 salarios mínimos para los procesados Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora), Kelman Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco.

El Ministerio Público solicitó, asimismo, la imposición de diez años de prisión y multas de 200 salarios para Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, Erasmo Roger Pérez Núñez, José Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Guillermo de Jesús Torres Robiou, Esmeralda Ortega Polanco, el sargento Alejandro José Montero Cruz, Epifanio Peña Lebrón, Lucía De los Santos Viola, Manuel de Jesús Alba Solano, Elida María Trinidad Santiago, Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Raymel Pastor del Rosario Viola, Onoris Beatriz Soto De los Santos y Eric Daniel Pereyra Núñez.

Además, se imponen 5 años de prisión al mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez, junto con una multa de 200 salarios mínimos; a Carlos Augusto Lantigua Cruz, con una multa de 500 mil pesos; y a Miguel Ventura, con una multa de RD$500 mil.

En su petición, el Ministerio Público solicita la clausura, suspensión de operaciones y disolución de la entidad Iglesia Bautista Vida Eterna, así como la imposición de una multa equivalente a 200 salarios mínimos.

Además, para las compañías Hacienda Kelman SRL, R&F Agroindustrial, Aldom Glass Aluminium SRL, Randa Internacional Company y CSNA Universo Empresarial S.R.L.

Asimismo, la disolución y la imposición de una multa de 10 millones de pesos a la razón social Rawel Importadores S.R.L.

El Ministerio Público también solicitó el decomiso de los bienes incautados, que incluyen villas, casas y vehículos de lujo.

Entre las pruebas presentadas por el Ministerio Público durante el proceso judicial se incluyen 2,201 pruebas documentales, 141 peritajes, 282 declaraciones de testigos y peritos, 184 pruebas procesales y 104 pruebas materiales, como armas de fuego, relojes de lujo, equipos electrónicos, inmuebles, vehículos y dinero en efectivo.

Además, se identificaron 214 inmuebles en distintas provincias, 86 vehículos de alto cilindraje y más de RD$28 millones y US$55,000 en efectivo, todos solicitados para decomiso. Los bienes incautados han generado ingresos por concepto de alquileres y producción agrícola que ascienden a más de RD$86 millones, también reclamados a favor del Estado.

El Ministerio Público acusa a Cáceres Silvestre de liderar una red compuesta por 30 personas físicas y 18 jurídicas, que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).