Proponen reforma profunda al Código Iberoamericano de Ética Judicial ante retos tecnológicos

El magistrado Justiniano Montero Montero, presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, llamó a impulsar una reforma integral del Código Iberoamericano de Ética Judicial para adaptarlo a los desafíos tecnológicos y sociales del siglo XXI, durante su participación en la Conferencia del Poder Judicial 2026.

Al intervenir en el panel “20 años del Código Iberoamericano de Ética Judicial”, el magistrado sostuvo que, aunque los principios éticos son permanentes, las herramientas normativas deben actualizarse para evitar el rezago frente a los cambios sociales y tecnológicos. Subrayó la necesidad de priorizar la ética pública sobre la privada en el ejercicio judicial.

Montero recordó que el Código fue aprobado en República Dominicana en 2006 y destacó su impacto en la consolidación de estándares éticos en los sistemas judiciales de Iberoamérica. No obstante, advirtió que el contexto actual exige una revisión exhaustiva que incorpore nuevas realidades.

“El instrumento debe ser vigilado, zarandeado y removido”, afirmó, al proponer la creación de una comisión multidisciplinaria que integre una visión filosófica contemporánea y permita construir un marco normativo acorde con las dinámicas actuales.

El magistrado también reconoció el aporte de pensadores como Manuel Atienza y Rodolfo Vigo en la elaboración del Código, al considerarlos fundamentales en la interpretación de los desafíos éticos de la región.

La propuesta fue respaldada por expertos internacionales, entre ellos Farah Saucedo Pérez, Armando Andruet y Octavio Tejeiro Duque, quienes coincidieron en que fenómenos como la inteligencia artificial, las redes sociales y la inmediatez informativa plantean dilemas que no estaban previstos hace dos décadas.

Entre los aspectos que debería abordar la reforma figuran la conducta de los jueces en entornos digitales, el uso ético de la inteligencia artificial en la justicia, la transparencia institucional y la gestión de conflictos de interés.

El debate forma parte del Plan Justicia del Futuro 2034, iniciativa orientada a fortalecer el sistema judicial en la próxima década mediante la evaluación de avances y la construcción de propuestas innovadoras.

Montero concluyó que una justicia confiable depende de una estructura ética capaz de evolucionar sin perder sus principios, integrando elementos como la inteligencia artificial, la objeción de conciencia y los nuevos retos de la modernidad.