

Santo Domingo, RD.- La Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) manifiesta su apoyo a las comunidades y personas de buena voluntad que, haciendo uso de su derecho, promueven de manera pacífica el reclamo por la preservación de las cordilleras Central y Septentrional.
Asimismo, informó que se suma a la demanda de que "estos territorios sean protegidos de actividades mineras, ya que estas pueden comprometer la integridad ecológica de las zonas y perturbar su papel en el ciclo hidrológico del país. En este sentido, instamos a nuestras autoridades a escuchar el clamor de las comunidades que solicitan el respeto de las cordilleras Central y Septentrional".
Indica que su principal preocupación ante posibles operaciones mineras en las cordilleras Central y Septentrional es su impacto sobre el agua, ya que es un recurso vital para la vida humana, la agricultura y los ecosistemas.
“Las cordilleras funcionan como grandes reservorios hídricos: captan, almacenan y distribuyen el agua. Esta agua alimenta los principales ríos, acuíferos y sistemas de riego en gran parte del territorio nacional. Cualquier alteración significativa de estos sistemas puede afectar la cantidad, calidad y disponibilidad del agua. En consecuencia, impactaría a las generaciones presentes y futuras. La preocupación se extiende a todo acuífero o sistema hídrico nacional que necesite ser protegido de acciones que pongan en riesgo su vida útil”, agregó la Pastoral de Ecología del Episcopado Dominicano.
Indicó que las actividades mineras, por su naturaleza, implican la remoción de suelos y el uso intensivo de sustancias químicas.
“Además, generan desechos, generalmente altamente tóxicos, que, incluso bajo controles técnicos, conllevan riesgos para las fuentes hídricas. La posible contaminación por metales pesados o sedimentos representa un peligro. Por lo tanto, estos desechos pueden tener como consecuencia directa la modificación de los cursos naturales del agua. También afectan a los ecosistemas que dependen de las cuencas impactadas por dichas actividades. La situación actual de la Presa de Hatillo, principal reservorio de agua del país, atestigua esta realidad”, agregó.
Exigir la protección de las montañas que garantizan este recurso es, por tanto, una expresión concreta de justicia social, lo cual también es una forma de respeto a la dignidad humana. "Por lo tanto, quienes están haciendo un uso adecuado de sus derechos ciudadanos están llevando a cabo una acción legítima. Ellos demandan que no se aprueben proyectos de operación minera en ambas cordilleras. Este es un reclamo justo por la vida de toda la nación", insistió.
La Comisión Nacional de Pastoral de Ecología y Medio Ambiente de la CED reafirma su compromiso con una visión de desarrollo nacional integral y sostenible.
"Solicitamos la implementación de políticas económicas que armonicen el progreso económico con la protección ambiental. En particular, pedimos la protección del recurso hídrico como criterio fundamental para decidir la viabilidad de cualquier proyecto minero. Asimismo, invitamos a promover alternativas económicas que garanticen el bienestar integral en el presente sin comprometer el futuro", afirmó.
Exhortó a fomentar el diálogo responsable entre las autoridades y el pueblo, con el fin de buscar soluciones que prioricen la vida, el agua y el equilibrio de nuestros ecosistemas.