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Santo Domingo, RD.- El Ministerio Público solicitó a un tribunal la imposición de prisión preventiva como medida de coerción contra un profesor acusado de acoso sexual en perjuicio de una estudiante de un centro educativo del Distrito Nacional.
La medida de coerción fue solicitada contra el imputado Inocencio Lebrón Montero, quien se desempeñaba como profesor de matemáticas de la adolescente.
Según la investigación, el acusado aprovechó la relación de confianza derivada de su posición como docente para establecer un acercamiento progresivo hacia la víctima.
El expediente indica que, posteriormente, ejerció presión emocional sobre la estudiante con la finalidad de que accediera a conductas de índole íntima, pese a que esta había manifestado de manera expresa su negativa.
El Ministerio Público indica que, en ese contexto, se llevaron a cabo varios encuentros dentro del vehículo del imputado, donde este presuntamente realizó tocamientos indebidos en perjuicio de la adolescente e insistió en mantener relaciones sexuales, a lo cual la víctima se negó.
La investigación también señala que el imputado habría reiterado las conductas denunciadas, ejerciendo presión emocional sobre la menor de edad.
Como parte de las evidencias presentadas, el órgano acusador incluyó una evaluación psicológica realizada a la víctima por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), la cual muestra indicadores emocionales compatibles con situaciones de vulneración.
El imputado fue arrestado el pasado 22 de abril, en virtud de una orden de arresto emitida en su contra por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.
Las procuradoras fiscales Adalgisa Tavares y Mariela Ramos, adscritas a la Unidad de Prevención de Violencia de Género y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, presentaron la instancia con la solicitud de medida de coerción contra el imputado.
La audiencia fue aplazada por la jueza Lissa Veras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para este sábado 2 de mayo, a solicitud de la defensa, que requirió más tiempo para preparar sus argumentos.
El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación de los artículos 330 y 333, literal D, del Código Penal Dominicano, así como del artículo 396, literal C, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
