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Nacionales 
  • Por: La Redacción
  • sábado 30 mayo, 2026

Caso Calamar: Donald Guerrero, único exministro enviado a juicio de fondo, mientras Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta quedan fuera del expediente

El Ministerio Público acusa a varios de desviar millones para pagos irregulares y sobornos, mientras que, para ciertos imputados, no hay pruebas suficientes, según el tribunal.

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Santo Domingo, RD.- Solo el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, fue enviado a juicio de fondo del grupo de altos funcionarios del gobierno del expresidente Danilo Medina, imputados por el caso denominado “Calamar” por el Ministerio Público, mientras que los acusados Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta fueron favorecidos con un “No ha lugar”.

La decisión fue emitida por el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.

La jueza Altagracia Ramírez también favoreció con un "no ha lugar" a Marcial Reyes, Rosa Arias y Daniel Guerrero Mena, hijo de Donald.

En su dictamen, la jueza determinó que, además de Donald Guerrero, también deberán enfrentar un juicio de fondo los imputados Ángel Lockward, Alexandra García Medina, Gervasio Fernández, Daniel de Jesús Caamaño, Juan Tomás Céspedes, Julián Omar Fernández, Kimberly Arias Martínez, César Miguel Santana Martínez, Edwin Óscar Brito, Mabel Mejía, Náthaly Hernández Guzmán y Luis Miguel Piccirilo, entre otros.

En el fallo, la magistrada considera que no existen elementos para una acusación en su contra en un juicio de fondo contra Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Marcial Reyes, Rosa Arias y Daniel Guerrero Mena.

El Ministerio Público imputaba al grupo por integrar una estructura destinada al desvío de millones de pesos del Estado.

En el expediente se indica que los acusados efectuaron pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y por sobornos que supuestamente se utilizaron para financiar la campaña electoral del año 2020.

El Ministerio Público acusó al grupo de asociación ilícita, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, soborno, lavado de activos y financiamiento ilícito de campaña, por hechos que, según el expediente, habrían ocurrido entre 2014 y 2020, generando un perjuicio económico que superaría los 23,000 millones de pesos.

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