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Santo Domingo, RD.- El Ministerio Público solicitó que se imponga un año de prisión preventiva como medida de coerción contra diez personas arrestadas durante la Operación XL526, ejecutada el pasado martes contra una estructura criminal que se dedicaba a extorsionar, chantajear y estafar a residentes en Estados Unidos.
La Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago solicitaron que se declare el caso de tramitación compleja y que se imponga la medida de coerción privativa de libertad a los cabecillas de la red: Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Ariel Sosa Almonte.
También a los miembros Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua y Julio Antonio Peralta del Rosario.
El Ministerio Público solicitó que se declare el proceso de tramitación compleja debido a la pluralidad de imputados y víctimas, y porque se trata de una red de crimen organizado dedicada también al lavado de activos. Por lo tanto, necesita tiempo suficiente para profundizar la investigación, conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal Dominicano, ya que reúne todas las características de un caso complejo.
La solicitud de medida de coerción fue presentada por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, junto con las fiscales Quirsa Abreu Peña (titular interina de Santiago), Joanna García Rivas, de la Dirección de Persecución, y Lía Collado, de Santiago.
En la instancia presentada ante la jurisdicción de Atención Permanente del Juzgado de Instrucción de Santiago, el órgano persecutor solicita que se fije la fecha para el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados.
La Operación XL526, llevada a cabo contra la estructura criminal, fue encabezada por un grupo de 35 fiscales que realizaron 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata. Varias personas también fueron arrestadas con fines de investigación.
Las acciones contaron con la colaboración de la Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado, el Departamento Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional, HSI Santo Domingo, la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado (FTCO).
Los miembros de la red atacada se dedicaban de manera sistemática y organizada a cometer estafas, chantajes y a obtener fondos de manera ilícita desde República Dominicana. Hasta el momento, se han identificado al menos 18 víctimas.
A través de sus acciones fraudulentas, la organización criminal recaudaba fondos para llevar a cabo la transferencia, ocultamiento y blanqueo de capitales, con el fin de darles apariencia de legalidad en sus maniobras de ocultamiento ante las autoridades.
Diversas pruebas testimoniales, periciales y documentales vinculan a los imputados con la comisión de crímenes y delitos de alta tecnología, asociación ilícita, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y uso de armas de fuego.
La organización criminal de carácter internacional tenía su base operativa en el municipio de Jacagua, provincia de Santiago.
Los integrantes de la red dominan el idioma inglés y utilizaban herramientas tecnológicas para llevar a cabo sus actividades ilícitas.
El modus operandi consistía en captar a las víctimas mediante anuncios publicitarios, para luego someterlas a extorsión y chantaje, siguiendo un guion previamente estructurado por los cabecillas de la organización.
Los imputados, utilizando medios tecnológicos, se hacían pasar por supuestos miembros de organizaciones criminales, como el denominado "Cártel de Sinaloa", con el propósito de asustar e intimidar a las víctimas, a quienes exigían la entrega de dinero y enviaban imágenes de crímenes horrendos como forma de amenaza.
Los fondos obtenidos de esta manera se canalizaban posteriormente mediante diversos mecanismos de movilización, incluyendo el uso de criptomonedas, como Bitcoin, transferencias electrónicas, transferencias espejo y depósitos a través de empresas remesadoras y plataformas de pago.
