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Santo Domingo, RD.- La defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, expresó su desacuerdo con la decisión de enviarlo a juicio de fondo, al considerar que la persistencia de la acusación responde más a una narrativa construida a lo largo de los años que a las pruebas presentadas en el expediente durante casi seis años de investigación y proceso judicial.
Los abogados señalaron que uno de los principales pilares de la acusación ha sido la alegación de un supuesto fraude relacionado con RD$ 21 mil millones. Sin embargo, recordaron que durante la fase preliminar fueron incorporadas certificaciones oficiales que establecen que esos recursos nunca salieron del patrimonio estatal.
Según la defensa, el Banco de Reservas certificó que los RD$21 mil millones fueron recibidos y aplicados al programa de pago a contratistas del Estado, tal como consta en su Informe Anual 2020. Asimismo, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental de la actual administración certificó, mediante el ERIR 2020, que dichos recursos permanecieron dentro del patrimonio estatal y que la operación produjo una reducción de deuda en beneficio del Estado dominicano.
La legalidad de las expropiaciones es un tema que genera debate, ya que implica la intervención del Estado en la propiedad privada. Es fundamental que se respeten los derechos de los propietarios y se sigan los procedimientos legales establecidos para garantizar que las expropiaciones se realicen de manera justa y equitativa.
La defensa también argumentó que las pruebas presentadas durante la audiencia preliminar demostraron que los pagos realizados por concepto de expropiaciones se efectuaron dentro del marco legal, respaldados por sentencias judiciales y tasaciones debidamente autorizadas.
En ese sentido, destacó que la propia jueza ordenó el pago del 20% restante de varias expropiaciones, reconociendo la existencia legítima de esas obligaciones, la validez de los montos acordados y los derechos de los reclamantes. “Resulta incompatible sostener simultáneamente la legitimidad de esos pagos y la tesis de que constituyen un fraude contra el Estado”, señalaron los abogados.
Otro de los elementos que el equipo legal del exministro considera incompatible con la decisión adoptada es el resultado del peritaje financiero y patrimonial ordenado por el propio tribunal. Dicho informe concluyó que el patrimonio de Donald Guerrero proviene de actividades comerciales transparentes desarrolladas durante décadas en República Dominicana y Puerto Rico, sin que se identificaran operaciones sospechosas de lavado de activos ni indicios de enriquecimiento ilícito.
Asimismo, se determinó que no hubo desvío de fondos públicos hacia el patrimonio personal del exministro. “Después de años de investigación, miles de páginas de expediente y casi seis años de proceso, el Ministerio Público no ha presentado una sola prueba que demuestre que Donald Guerrero recibió un soborno, una comisión ilegal o cualquier beneficio económico indebido”, afirmaron.
La defensa también cuestionó el rechazo de la solicitud de extinción de la acción penal, señalando que la decisión no atribuye a Donald Guerrero ni a sus abogados ninguna actuación dilatoria durante casi seis años de proceso.
Según la defensa, dado que se ha demostrado que los RD$ 21 mil millones permanecieron en el Estado, que los pagos de las expropiaciones fueron legales y que no existe ninguna prueba de sobornos, comisiones ilegales o enriquecimiento ilícito, la acusación se sostiene por la fuerza de una narrativa construida durante años y no por la evidencia contenida en el expediente.
“Las acusaciones pueden perdurar durante años más por obstinación que por méritos jurídicos. Sin embargo, ninguna acusación puede prevalecer indefinidamente sobre la verdad de los hechos y las pruebas”, afirmaron. Por ello, reiteraron su convicción de que la inocencia de Donald Guerrero Ortiz será finalmente reconocida mediante una sentencia absolutoria.
