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Nacionales 
  • Por: La Redacción
  • lunes 08 junio, 2026

Tribunal impone medidas de coerción por muerte de agente migratorio

El accidente ocurrió cuando una yipeta a alta velocidad cruzó en rojo e impactó a una camioneta de la Dirección General de Migración, causando la muerte del agente Snayder Almánzar por lesiones graves.

Snayder Almánzar

Santo Domingo, RD.- Un tribunal del Distrito Nacional impuso medidas de coerción a un hombre a quien el Ministerio Público acusa de provocar un accidente de tránsito en el que falleció un agente de la Dirección General de Migración.

La jueza Rocío Espejo, de la Sexta Sala Penal del Tribunal Especial de Tránsito del Distrito Nacional, dispuso una garantía económica de dos millones de pesos mediante contrato, presentación periódica e impedimento de salida del país contra el imputado Frederic Augusto Emam Zade Lluberes.

La Fiscalía de Tránsito del Distrito Nacional, adscrita a la Casa del Conductor, había solicitado la prisión preventiva como medida de coerción.

Según la investigación, el incidente ocurrió alrededor de las 4:40 de la madrugada, cuando una yipeta Porsche blanca, en la que viajaban tres personas, circulaba a alta velocidad por la avenida Jiménez Moya, en dirección norte-sur.

El expediente indica que, al llegar a la intersección con la avenida Independencia, el conductor se pasó un semáforo en rojo y chocó contra una camioneta de doble cabina de la Dirección General de Migración (DGM) que estaba en labores oficiales.

La patrulla estaba compuesta por agentes de la Dirección General de Migración y miembros del Ejército de la República Dominicana que se dirigían a realizar labores de interdicción migratoria.

Como consecuencia del impacto, varios de los ocupantes de la camioneta resultaron lesionados, mientras que el agente de Migración, Snayder Almánzar, sufrió heridas graves y, tras permanecer recluido en un centro de salud, falleció el pasado 2 de junio.

Según los informes médicos, la víctima presentó un trauma craneoencefálico y falleció a causa de un shock hipovolémico derivado de las lesiones sufridas en el accidente.

El Ministerio Público ha asignado al caso la calificación jurídica provisional de violación de los artículos 220, 226, 258, 301 y 305 de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.

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