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Santo Domingo.– La madre de Rosaura Almonte, una adolescente de 16 años que falleció de leucemia en 2012 mientras cursaba un embarazo de tres semanas, presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional para desafiar la prohibición absoluta del aborto en República Dominicana.
La acción legal, respaldada por organizaciones de la sociedad civil y una entidad cristiana, busca que se permitan interrupciones del embarazo en tres circunstancias: cuando exista riesgo para la vida o la salud de la mujer o niña, en casos de violación o incesto, y cuando el feto presente anomalías incompatibles con la vida.
“Mi hija murió porque se le negó la atención médica que necesitaba. Ninguna otra madre debería tener que pasar por esto”, afirmó Rosa Herminia Hernández, madre de Rosaura, en un comunicado.
República Dominicana mantiene una de las legislaciones más restrictivas de América Latina en materia de aborto, al penalizarlo sin excepciones. Las mujeres pueden enfrentar hasta dos años de prisión, mientras que médicos y parteras se exponen a condenas de entre cinco y 20 años.
La abogada Patricia Santana Nina señaló que la demanda busca garantizar que “ninguna mujer o niña tenga que elegir entre su vida, su salud y la ley”.
El recurso también expone otros casos que evidencian el impacto de la legislación vigente. Entre ellos, el de una mujer que en 2023 sufrió un aborto espontáneo e incompleto y fue detenida durante 10 días en condiciones consideradas inhumanas, pese a requerir atención médica urgente.
Según datos oficiales citados en la impugnación, entre 2019 y finales de 2024 se registraron al menos 67,455 abortos en el sistema público de salud, aunque las estadísticas no distinguen entre abortos espontáneos e inducidos. Además, entre junio de 2017 y octubre de 2022 se procesaron judicialmente 62 casos por aborto y 16 por intento de aborto.
La demanda también destaca que la prohibición afecta de manera desproporcionada a las mujeres en situación de pobreza, quienes tienen menos acceso a servicios médicos privados dentro o fuera del país y enfrentan un mayor riesgo de ser procesadas penalmente.
El documento subraya además que en 2024 al menos 585 niñas de entre 11 y 14 años se convirtieron en madres, mientras que entre enero y julio de 2025 se reportaron 681 violaciones, una cifra que activistas consideran inferior a la realidad debido al subregistro de denuncias.
Los demandantes sostienen que la penalización absoluta del aborto vulnera derechos fundamentales como la vida, la salud, la dignidad y la igualdad, y piden al Tribunal Constitucional revisar una normativa que, aseguran, ha tenido consecuencias graves para mujeres y niñas en situaciones de extrema vulnerabilidad.
