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Santo Domingo, RD.- La Organización de Empresas Comerciales (ONEC) rechazó la modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20), aprobada por el Senado de la República, al considerar que incrementa las cargas sobre el sector sin contar con estudios técnicos ni análisis de impacto económico que justifiquen su magnitud.
Afirmó que el sector comercial no ha terminado de evaluar el impacto real de la reforma fiscal recientemente aprobada, y ya enfrenta una nueva carga, esta vez disfrazada de contribución ambiental.
Lamentó que exista un patrón en la política pública que legisla sin medir, sin consultar y sin esperar a ver los resultados de la medida anterior antes de imponer la siguiente.
"El sector comercial apoya la gestión adecuada de los residuos. Lo que no puede aceptar es que cada nueva ley implique un costo adicional para ellos", señaló la ONEC.
La organización también cuestionó que una contribución especial, cuyo propósito es financiar objetivos ambientales específicos, se utilice para atender necesidades presupuestarias de los municipios.
"Cuando ese propósito se amplía para resolver otras necesidades, la contribución deja de ser especial y se convierte en un impuesto encubierto", indicó.
La ONEC indicó que la Ley 166-03 ya establece que los ayuntamientos deben recibir el 10% de los ingresos totales del Estado para cumplir con sus funciones. Si ese mecanismo resulta insuficiente, afirmó, la corrección debe hacerse allí, no desviando una contribución de naturaleza ambiental.
También criticó la forma en que se aprobó la modificación, señalando que su tramitación acelerada prescindió de la consulta a los sectores directamente afectados y careció de la deliberación técnica que una reforma de esta naturaleza requiere.
