Aumentan presiones para que se prolongue aplicación del nuevo Código Penal que duró más 25 años para ser aprobado, pieza entraría en vigencia el 6 de agosto

Santo Domingo.-Después de reclamar por décadas la actualización del Código Penal de la República Dominicana, ahora la lucha es para que no entre en vigencia como está pautado el nuevo código o Ley 74-25, el 6 de agosto.

Después de más de 25 años de discusiones, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y dos observaciones del entonces presidente Danilo Medina, el nuevo código fue convertido en ley el 31 de julio de 2025 y el Poder Ejecutivo lo promulgó el 3 de agosto, tres días después.

La promulgación se hizo en medio de presiones de diferentes sectores para que fuera observado nuevamente, bajo el alegato de que tiene errores, por lo que se dio un año para socializarlo y estudiar las posibilidades modificaciones, antes de entrar en vigencia.

Entre los más fervientes oponentes a la entrada en vigencia del Nuevo Código Penal, que sustituirá al vigente desde 1884, justo 142 años, figura la comunidad jurídica, empresarial, organizacionesy sociales, siendo los que más han incidido en los últimos días, congresistas y la Fundación Institucionalidad Y Justicia (FINJUS), de voz de su vicepresidente Servio Tulio Castaños Guzmán.

Los motivos, después que tanto lo reclamaron, son ambigüedades e incoherencias que pueden dificultar su aplicación, coartar la libertad de expresión y difusión, así como falta de socialización.

El motivo fundamental que impidió su aprobación por tantos años y que fuera observado por el entonces presidente de la República Danilo Medina fue la despenalización del aborto y las tres causales, teniendo a las iglesias y los religiosos como sus mayores atacantes.

El Nuevo Código Penal fue reclamado para que endureciera las penas a varios delitos, que el vigente era de solo 30 años la máxima y cubriera otros que estaban fuera como los sibernéticos y los femenicidios.

Sus bondades, de acuerdo a los defensores son modernización del sistema judicial, en sentido gerencial; cúmulo de penas, tipificación de nuevos crímenes (ciberacoso, violencia digital y estafa electrónica) y protección reforzada a las víctimas.

Si el presidente Luis Abinader no suspendiera su entrada en vigencia, congresistas estarán al asecho para reformarlo, como ya lo ha advertido el presidente del Senado, Ricardo de los Santos.