

Santo Domingo, RD.- El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) reafirma su compromiso con el fortalecimiento de un sistema moderno y sostenible para la gestión integral de los residuos sólidos y reconoce la importancia de revisar periódicamente el marco legal para responder a nuevos desafíos.
Sin embargo, reitera su preocupación por la manera en que se busca implementar una reforma de esta trascendencia, mediante un procedimiento legislativo que reduce significativamente los espacios de análisis y deliberación técnica que una iniciativa de este alcance requiere.
La entidad reconoce que la facultad constitucional de declarar la urgencia constituye una herramienta legítima para atender circunstancias excepcionales.
“No obstante, insistimos en que su uso para reformas que alteren de manera sustancial las obligaciones económicas y las reglas de funcionamiento de la actividad productiva debe llevarse a cabo con prudencia y responsabilidad institucional”, se precisó en un comunicado.
Dijo que la legitimidad y calidad de las leyes dependen de la oportunidad real de estudiar los textos, evaluar sus impactos y escuchar a los sectores involucrados.
“La estabilidad y la previsibilidad del marco regulatorio constituyen, además, activos esenciales para preservar la confianza y promover la inversión, agregó.”
El CONEP considera igualmente preocupante que el proyecto concentre una parte importante de las nuevas cargas económicas en las mismas empresas que recientemente asumieron un incremento de la tasa del Impuesto sobre la Renta y que sostienen una parte significativa de las recaudaciones tributarias del país.
"Estas empresas, además, asumen los costos de la disposición final de los residuos que generan", indicó.
“Esta no es una discusión entre grandes, medianas o pequeñas empresas. Todas forman parte del mismo tejido productivo y son indispensables para el desarrollo nacional”, precisó.
Afirmó que las políticas públicas deben evaluarse por su efecto acumulado y no de manera aislada, ya que la proporcionalidad exige considerar el impacto conjunto de las obligaciones regulatorias y tributarias, evitando que la repetida concentración de cargas sobre un mismo segmento termine afectando la competitividad que el país necesita preservar.
Expresó que, además, existen distorsiones pendientes de corregir, como el desequilibrio en su gobernanza al incluir a beneficiarios del Fideicomiso para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos en el proceso de toma de decisiones del mismo.
“Una vez más manifestamos que las reformas de amplio impacto deben construirse mediante procesos participativos, sustentados y suficientemente deliberados, entiende.
El CONEP hizo un llamado al Congreso Nacional para garantizar que esos criterios orienten el proceso legislativo, convencido de que las mejores leyes no son necesariamente las que se aprueban con mayor rapidez.
Aboga por las iniciativas que surgen del diálogo y la evidencia técnica, fortaleciendo al mismo tiempo la sostenibilidad ambiental, la seguridad jurídica, la confianza en las instituciones y el clima de inversión del país.