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Santo Domingo, RD.- La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) afirmó que el país necesita, con urgencia, una política efectiva para resolver el problema de los residuos sólidos.
Señaló que esta realidad se evidencia todos los días en la basura acumulada, el desorden en las comunidades, la contaminación en ríos y cañadas, los vertederos improvisados y el deterioro ambiental que afecta la salud y la calidad de vida de las personas.
El gremio sostuvo que todos han coincidido en esto desde que se aprobó la Ley de Residuos en 2020: el país necesita actuar y moverse rápidamente. Sin embargo, advirtió que, cuando se trata de políticas públicas, la forma importa tanto como el fondo.
Indicó que, cuando una reforma de esta magnitud se construye sin un análisis técnico suficiente, sin un diálogo oportuno y sin claridad sobre su impacto, el objetivo que todos comparten corre el riesgo de diluirse.
ANJE expresó que, para esta generación de jóvenes empresarios comprometidos con el largo plazo, hablar de recaudación sin abordar primero la transparencia, la educación ciudadana y los resultados ambientales verificables es perder el rumbo.
En ese sentido, indicó que, hasta el día de hoy, se desconocen los parámetros técnicos y las evaluaciones de proporcionalidad que se utilizaron para determinar la llamada “contribución especial para la gestión integral de residuos”.
La entidad señaló que se establecieron límites y montos sin considerar un factor vital reconocido por todas las economías del mundo: el volumen de residuos generados.
Asimismo, sostuvo que dichos topes se establecieron sin considerar otros factores esenciales, especialmente debido a la naturaleza del país, como la actividad de la empresa y su rentabilidad.
ANJE añadió que, además de todo lo mencionado anteriormente, los legisladores aprobaron de urgencia la modificación de esta ley en un momento particularmente crítico: apenas 14 días después de haberse aprobado una reforma fiscal, lo que genera un impacto dual de presiones fiscales y regulatorias sobre las empresas.
El gremio afirmó que la acumulación de cargas regulatorias, sin agotar las formas ni socializar las evaluaciones realizadas, no solo es cuestionable, sino que también envía un mensaje desalentador para una generación a la que le importa tanto el fondo como la forma de hacer políticas públicas.
ANJE reiteró que reconoce el actual contexto internacional y las motivaciones que impulsan al Gobierno a realizar ajustes con fines recaudatorios. Sin embargo, advirtió que el deterioro de la confianza institucional también genera pérdidas de oportunidades: menos emprendimientos, menos inversión y menos formalidad.
“Y ese no puede ser el resultado de una reforma que afirma perseguir la sostenibilidad”, concluyó la organización.
