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Santo Domingo, RD.- En cumplimiento del mandato conferido por la Ley 16-26, que autoriza el pago a contratistas del Estado y crea una comisión para la revisión de reclamaciones derivadas de obras ejecutadas con o sin contrato formal, se llevó a cabo la primera sesión de trabajo en la que se aprobó un protocolo para la aplicación de la referida legislación, con el fin de honrar los compromisos con terceros que cumplan con los requisitos establecidos.
La aprobación fue adoptada por la comisión establecida por la ley, la cual está compuesta por el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, quien la preside; el contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez; el director de Presupuesto, José Rijo Presbot; y Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas.
En términos generales, los miembros de la comisión aprobaron decisiones fundamentales orientadas a establecer el marco operativo para la implementación de la mencionada legislación y avanzar en el reconocimiento y pago de las deudas del Estado con los contratistas acogidos a esta normativa, siguiendo lineamientos de transparencia.
En ese sentido, el protocolo para la aplicación de la Ley 16-26, que ha sido aprobado, establece los procedimientos, criterios y requisitos técnicos que regirán el proceso de revisión, evaluación y tramitación de los expedientes, el cual será de conocimiento público.
Este protocolo representa un paso decisivo para la implementación de la legislación, al proporcionar al proceso reglas claras, uniformes y ágiles para el manejo de los expedientes, manteniendo la seguridad jurídica de las actuaciones administrativas.
De igual forma, la comisión dispuso su remisión a los veedores y a todas las instituciones comprendidas en dicha legislación, con el fin de asegurar la correcta aplicación de los procedimientos establecidos, incluyendo la supervisión y la rendición de cuentas contempladas.
La comisión reiteró que es un objetivo prioritario avanzar con la mayor agilidad posible en la implementación efectiva de la mencionada ley, creando las condiciones administrativas, técnicas y operativas necesarias para iniciar el proceso de pago de las deudas reconocidas por esta legislación.
En ese orden, se dará prioridad a aquellos expedientes que, al momento de la entrada en vigor de la normativa, se encontraban en proceso de revisión por parte de la Contraloría General de la República.
La comisión reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las instituciones que la integran, los órganos de control y los representantes de la sociedad que participan como veedores, con el objetivo de garantizar el cumplimiento responsable de las obligaciones del Estado y fortalecer la confianza de los ciudadanos en la administración pública.
La legislación afecta a los contratistas de obras realizadas para el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), la antigua Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y otras instituciones estatales.
