Antes de que se abriera el debate, el PLD ya había planteado revisar el Código Penal por la libertad de expresión

SANTO DOMINGO.– La decisión de la Cámara de Diputados de abrir un proceso de discusión para evaluar posibles modificaciones al nuevo Código Penal, antes de su entrada en vigencia, coloca nuevamente en primer plano una propuesta que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) había formulado semanas atrás sobre la necesidad de revisar las disposiciones que afectan la libertad de expresión y otros derechos fundamentales.

El pasado 22 de junio, durante su rueda de prensa semanal, el vicepresidente del PLD, Yván Lorenzo, fijó la posición oficial de la organización al advertir que varios artículos de la nueva legislación requerían ser modificados para evitar que pudieran utilizarse como mecanismos para restringir la libertad de prensa, el derecho a la información y el ejercicio de la crítica ciudadana.

En esa comparecencia, Lorenzo estuvo acompañado por Zoraima Cuello, vicepresidenta del PLD; José Dantés, titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos y miembro del Comité Político; Héctor Olivo, secretario de Comunicaciones; y Joselito Féliz, vicesecretario general, director de Comunicación Digital y Relaciones Públicas.

En aquella ocasión, el dirigente peledeísta sostuvo que era indispensable adecuar el Código Penal a los principios constitucionales y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, garantizando que ninguna disposición pudiera convertirse en un instrumento para limitar las libertades públicas.

Como parte de esa posición, el PLD propuso que el Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, que posteriormente perimió en el Senado de la República, fuera sometido a un amplio proceso de discusión en el seno del Consejo Económico y Social (CES), con la participación de periodistas, medios de comunicación, juristas, académicos y organizaciones de la sociedad civil, antes de ser nuevamente conocido por el Congreso Nacional.

Asimismo, planteó que, antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, se promoviera una reforma de los artículos 208 al 213 y de las disposiciones relacionadas con el denominado “ultraje a funcionarios”, con el propósito de armonizarlas con la Constitución y eliminar cualquier posibilidad de imponer penas privativas de libertad por expresiones protegidas por el derecho a la libre expresión.

Dentro de sus propuestas, la organización política también había solicitado revisar la Ley 1-26, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), especialmente en los aspectos relacionados con la protección de las fuentes periodísticas, el secreto profesional y las garantías de los derechos fundamentales.

Durante esa comparecencia, Lorenzo afirmó que “no se puede jugar con el secreto profesional de los periodistas”, al considerar que la protección de las fuentes constituye una garantía indispensable para el ejercicio libre e independiente del periodismo.

El PLD sostuvo entonces que la República Dominicana ha consolidado importantes conquistas democráticas que deben preservarse y fortalecerse, insistiendo en que la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a fiscalizar a los funcionarios públicos son derechos fundamentales protegidos por la Constitución y pilares esenciales del sistema democrático.

La organización también reafirmó su respaldo a un ejercicio periodístico responsable, tanto en los medios tradicionales como en las plataformas digitales, así como al derecho de los ciudadanos a realizar denuncias de interés público.

Las propuestas formuladas por el PLD adquieren ahora una renovada vigencia, luego de que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, anunciara la apertura de un proceso para evaluar modificaciones al nuevo Código Penal antes de su promulgación definitiva, particularmente en los aspectos vinculados con la libertad de expresión y otras garantías constitucionales, una discusión que coincide con las observaciones que el principal partido de oposición había presentado previamente sobre esa legislación.