

Santo Domingo,-La Cámara de Cuentas de la República Dominicana informó la aprobación y publicación de varios informes de auditoría correspondientes a distintas instituciones públicas, entre ellos el de la Cámara de Diputados para el período 2020-2024, sobre el cual aclaró que recibió un dictamen sin salvedad, al no detectarse hallazgos contables ni incumplimientos legales que afecten la razonabilidad de sus estados financieros. El órgano precisó que las observaciones incluidas en el informe corresponden únicamente a aspectos procedimentales y de control interno.
En una nota suscrita por todos los miembros del Pleno, la institución explicó que la auditoría a la Cámara de Diputados no encontró irregularidades legales, jurídicas ni inconsistencias en la administración del presupuesto.
Las recomendaciones formuladas se limitan a mejoras administrativas, como la clasificación de cuentas contables y el registro de descargas de mobiliario en el Sistema de Información de Bienes (SIAB), sin impacto en la correcta ejecución de los recursos públicos.
Además del informe sobre la Cámara de Diputados, la entidad informó que en la sesión del 22 de junio de 2026 fueron aprobadas las auditorías al Ayuntamiento de Salvaleón de Higüey (2015-2018), EDENORTE (2012-2020), el Servicio Nacional de Salud (2016-2018) y la propia Cámara de Diputados (2020-2024).
Posteriormente, en la sesión del 3 de julio, el Pleno aprobó los informes correspondientes al Ministerio de Trabajo (2017), el Ayuntamiento de Santa Cruz (2017-2018) y el Ayuntamiento de Monseñor Nouel (2016-2020).
Finalmente, la Cámara de Cuentas exhortó a la ciudadanía y a los medios de comunicación a consultar directamente los informes publicados para evitar interpretaciones erróneas sobre los resultados de las auditorías.
Asimismo, anunció que impulsará programas de capacitación dirigidos a periodistas para fortalecer la comprensión de la terminología técnica utilizada en los procesos de fiscalización y contribuir a una comunicación más precisa sobre la rendición de cuentas y el control de los recursos del Estado.