Antonio Taveras persiste en defensa de libertad de expresión en reforma del Código Penal

Santo Domingo. El senador Antonio Taveras Guzmán reiteró la propuesta que presentó hace un mes al pleno del Senado para modificar varios artículos del Código Penal, con el propósito de fortalecer las garantías de libertad de expresión y de prensa, así como adecuar los delitos contra el honor a los principios de legalidad y proporcionalidad, con el objetivo de proteger a los medios de comunicación de sanciones desproporcionadas.

La iniciativa propone modificaciones a los artículos 208, 210 y 212, así como la derogación del artículo 310 del Código Penal, con el objetivo de adecuar la legislación a los principios constitucionales y a los estándares internacionales sobre derechos fundamentales.

En relación con el artículo 208 sobre la difamación, el senador propone que este delito se limite exclusivamente a la imputación de hechos falsos y no incluya opiniones, críticas o valoraciones subjetivas.

Asimismo, se propone eliminar las penas de prisión de dos a cinco años y sustituirlas por sanciones de carácter civil, consistentes en multas de entre dos y ocho salarios mínimos, además de implementar medidas sociojudiciales.

Taveras explicó que la propuesta no busca eliminar la protección del honor de las personas, sino evitar que el derecho penal se utilice para restringir el debate público o intimidar a ciudadanos, periodistas, comunicadores y medios de comunicación por ejercer su derecho a opinar.

De igual forma, se mantiene el derecho de la persona afectada a reclamar la correspondiente indemnización por los daños ocasionados.

En relación con el artículo 210, que trata sobre la injuria, la iniciativa establece que este tipo de expresiones, debido a su naturaleza subjetiva, no debe ser castigado con sanciones penales severas, sino mediante multas y reparación civil, permitiendo así un adecuado equilibrio entre la protección de la dignidad personal y la libertad de expresión.

En relación con el artículo 212, la propuesta rechaza de manera explícita la posibilidad de imponer el cierre de medios de comunicación, la suspensión de sus operaciones o la incautación de equipos como consecuencia de estos delitos.

Consideró que tales medidas constituyen mecanismos de censura indirecta, incompatibles con una sociedad democrática. En caso de que se establezca alguna responsabilidad para un medio de comunicación, esta deberá ser estrictamente de carácter civil.

El legislador propone la derogación del artículo 310, relacionado con el ultraje a funcionarios públicos, al considerar que quienes ejercen funciones públicas deben estar sujetos a un mayor nivel de escrutinio ciudadano y tolerancia frente a las críticas, debido al impacto colectivo de sus decisiones.

“Esta reforma no pretende debilitar la protección del honor ni permitir abusos en la comunicación pública. Su objetivo es establecer un equilibrio constitucional que proteja la dignidad de las personas sin convertir el derecho penal en una herramienta para limitar la crítica, la prensa libre y la participación ciudadana”, expresó el senador Antonio Taveras.