Airbnb respalda registro de alquileres de corta estancia en RD, pero pide que se legisle en el Congreso

Santo Domingo, RD.-. Airbnb manifestó su disposición a colaborar con el Ministerio de Turismo (MITUR) en el proceso de consulta pública sobre los alquileres vacacionales de corta estancia en República Dominicana, y calificó como positiva la creación de un registro que impulse la transparencia y la seguridad del sector.

La consulta, convocada por el MITUR el 20 de mayo y cuyo plazo para observaciones venció este miércoles 22 de julio, busca poner en marcha el Registro Nacional de Alojamientos Turísticos (Renatur), un padrón obligatorio para villas, apartamentos, casas, habitaciones y bungalós que se ofrezcan como alquiler vacacional. Para inscribirse, los propietarios deberán presentar certificado de título, identificación personal, número de identificación tributaria, descripción del inmueble y una póliza de responsabilidad civil.

En su respuesta a la consulta, Airbnb planteó que la regulación debe reconocer las particularidades del entorno digital y diferenciar la actividad de los anfitriones de la operación hotelera tradicional. La empresa abogó por un marco normativo inclusivo, proporcional y libre de cargas burocráticas excesivas, y propuso que la versión definitiva de la regulación se apruebe mediante una ley discutida en el Congreso Nacional, en lugar de una resolución ministerial.

La plataforma sostuvo que detrás de los alquileres de corta estancia hay familias dominicanas y pequeños negocios que dependen de esos ingresos, y dijo que continuará trabajando junto al MITUR para proteger la economía local y mantener la competitividad turística del país.

El tema no está exento de tensión: la Asociación Dominicana de Rentas Cortas (ADORECO) ha cuestionado que la difusión del proceso de consulta fue insuficiente —muchos propietarios se enteraron por una notificación de la propia Airbnb, no por canales oficiales— y ha pedido ampliar el plazo y abrir una mesa técnica de diálogo. Un grupo de propietarios lanzó además la campaña "Mi Propiedad, Mi Derecho" contra la propuesta, argumentando que los nuevos requisitos podrían empujar a muchos fuera del mercado formal y reducir la oferta de alojamiento para turistas.