Cuando el crecimiento no llega al bolsillo

Durante los últimos años, la República Dominicana ha construido buena parte de su narrativa económica alrededor del crecimiento. El Gobierno destaca la estabilidad macroeconómica, la inversión extranjera, el dinamismo del turismo y la expansión de distintos sectores productivos como señales de que el país avanza por el camino correcto.

Pero existe otra realidad que no siempre aparece reflejada en las ruedas de prensa ni en los informes económicos: la del ciudadano que llega al supermercado, recibe la factura eléctrica, paga el transporte y observa cómo sus ingresos pierden capacidad para cubrir sus necesidades básicas.

Porque una economía no se mide solamente por cuánto crece. También debe medirse por cuánto mejora la vida de quienes participan en ella.

De acuerdo con cifras oficiales, la economía dominicana acumuló un crecimiento promedio de 4.2% entre enero y mayo de 2026. Se trata de un resultado positivo desde el punto de vista de la actividad económica. Sin embargo, ese crecimiento convivió con una inflación interanual de 5.35% al cierre de mayo, por encima del límite superior del rango meta de 4% ± 1% establecido por el Banco Central.

La pregunta, entonces, no es únicamente cuánto creció la economía, sino cuánto de ese crecimiento llegó al bolsillo de los dominicanos. Mientras los indicadores macroeconómicos muestran una expansión de la actividad productiva, una parte importante de los trabajadores enfrenta una presión creciente sobre sus ingresos.

El problema fundamental no consiste solamente en generar crecimiento, sino en conseguir que ese crecimiento se traduzca en un mayor poder adquisitivo y en mejores condiciones de vida.

El costo de la vida se ha convertido en una de las principales preocupaciones de numerosas familias. De acuerdo con las estadísticas del Banco Central, el costo promedio de la canasta familiar superó los RD$49,000 mensuales en mayo de 2026; sin embargo, una parte significativa de los trabajadores dominicanos percibe ingresos muy inferiores a esa cantidad, una brecha que refleja las dificultades que enfrentan miles de hogares para cubrir sus gastos esenciales.

El Índice de Calidad del Empleo de la República Dominicana 2024, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Economía, establece que el 70.1 % de la población ocupada no percibía ingresos laborales suficientes para cubrir la canasta de bienes y servicios utilizada como referencia para medir la pobreza monetaria.

Ese dato revela una realidad que merece atención: para una parte considerable de la población, tener un empleo no necesariamente significa disponer de ingresos suficientes para vivir con tranquilidad y cubrir las necesidades fundamentales del hogar.

La distancia entre ingresos y costo de la vida se aprecia con mayor claridad al analizar los salarios mínimos. En el sector privado no sectorizado, el salario mínimo mensual vigente es de RD$29,988 para las empresas grandes; RD$27,489.60 para las medianas; RD$18,421.20 para las pequeñas, y RD$16,993.20 para las microempresas. En el sector público, la realidad resulta aún más preocupante: el salario mínimo general permanece en RD$10,000 mensuales, una cifra que contrasta de manera significativa con el costo actual de la canasta familiar y pone de manifiesto las dificultades económicas que enfrentan numerosos empleados públicos.

La conclusión es difícil de ignorar: incluso el salario mínimo privado más elevado permanece muy por debajo del costo promedio de una canasta familiar. Esto obliga a numerosos hogares a combinar varios ingresos, reducir gastos esenciales o recurrir al endeudamiento para cubrir sus necesidades.

Cuando se habla del costo de la vida, los alimentos ocupan un lugar central. Las variaciones en los precios de productos básicos como el arroz, el pollo, los huevos, el aceite y las habichuelas tienen un impacto directo sobre los hogares, porque se trata de bienes de consumo cotidiano que las familias no pueden dejar de adquirir.

Aunque algunos alimentos pueden registrar disminuciones puntuales en determinados meses, el costo acumulado de la alimentación continúa representando una preocupación para una parte importante de la población.

Para los hogares de menores ingresos, cualquier incremento en estos productos implica una dificultad mayor, debido a que destinan una proporción más elevada de su presupuesto a la alimentación.

La inflación no afecta a todos por igual. Para una familia con ingresos elevados puede representar una incomodidad o la necesidad de reorganizar algunos gastos. Para una familia que vive con ingresos limitados puede significar tener que elegir entre comprar alimentos, pagar el transporte, cubrir la factura eléctrica o atender otras necesidades esenciales.

En términos económicos, lo que determina el bienestar de las familias no es solamente el salario nominal que reciben, sino su salario real: es decir, la cantidad de bienes y servicios que pueden adquirir con ese ingreso después de considerar el efecto de la inflación.

A esa presión se suma el costo del servicio eléctrico. Numerosos hogares han sentido un mayor peso de la factura eléctrica dentro de su presupuesto, mientras persisten las quejas relacionadas con los apagones, las fluctuaciones y las deficiencias del servicio.

El problema, por tanto, no se limita a cuánto paga el usuario, sino que también abarca la eficiencia y la calidad del sistema.

Los datos del sector eléctrico muestran que las pérdidas de las empresas distribuidoras continúan siendo uno de los grandes desafíos nacionales. A marzo de 2026, las pérdidas totales de las distribuidoras alcanzaban aproximadamente el 39.4 % de la energía adquirida.

Este porcentaje incluye tanto la energía que no llega a facturarse como la que, aun siendo facturada, no se cobra. En términos prácticos, significa que una parte considerable de la electricidad comprada por las distribuidoras no termina convirtiéndose en ingresos efectivos para el sistema.

Esa ineficiencia tiene un costo que finalmente recae sobre toda la sociedad. El Estado debe destinar miles de millones de pesos para sostener el sector eléctrico, mientras los ciudadanos enfrentan facturas elevadas y un servicio que todavía presenta dificultades.

La ecuación resulta difícil de comprender para cualquier familia: pagar cada vez más por un servicio que aún no responde plenamente a sus expectativas.

A esta situación se añade el impacto de los combustibles, cuyos precios tienen un efecto transversal sobre toda la economía. No solamente afectan al conductor que llena el tanque de su vehículo, sino también al transporte público, la producción, la distribución de mercancías y el precio final de los productos que llegan al consumidor.

Cuando aumenta el costo de transportar personas y bienes, también se incrementan los costos de producción, comercialización y distribución. Por esa razón, los combustibles terminan convirtiéndose en un factor que ejerce presión sobre toda la cadena de precios.

La República Dominicana enfrenta, entonces, un desafío que va más allá de las cifras de crecimiento económico. El reto consiste en conseguir que la expansión de la economía se traduzca en mejores condiciones de vida para la población.

Una economía puede crecer mientras una familia siente que está retrocediendo. Esto ocurre cuando el salario compra menos, los alimentos cuestan más, la electricidad representa una carga mayor y el transporte consume una proporción creciente de los ingresos.

El debate económico nacional no debe limitarse a cuánto crece el producto interno bruto. También debe responder una pregunta mucho más importante: ¿Está mejorando realmente la vida de los dominicanos?

Los ciudadanos no viven de estadísticas.

No pagan la electricidad con porcentajes de crecimiento.

No llenan la despensa y nevera con discursos.

No pagan el transporte con promesas.

Cerrar la distancia entre los indicadores macroeconómicos y la realidad cotidiana requiere políticas orientadas no solo a preservar la estabilidad, sino también a elevar la productividad, mejorar la calidad del empleo, fortalecer los salarios reales y proteger el poder adquisitivo de los hogares.

Porque la verdadera medida del éxito económico se encuentra en la capacidad de una familia trabajadora para cubrir sus necesidades y vivir con dignidad del fruto de su esfuerzo.