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Santo Domingo. El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor) y la Asociación del Ecosistema de Crédito y Cobranza de la República Dominicana (COB-RD) firmaron un acuerdo de colaboración para fortalecer las prácticas de gestión de cobro compulsivo y judicial, con el objetivo de garantizar que estos procesos se realicen dentro del marco legal y respetando los derechos de los ciudadanos.
La iniciativa surge en respuesta a las constantes quejas de personas que denunciaban llamadas insistentes, presiones indebidas y otras prácticas de cobro consideradas abusivas. Con este convenio, ambas entidades buscan establecer un modelo de cobranza que promueva el respeto a la dignidad de los deudores, sin afectar el derecho legítimo de los acreedores a recuperar sus créditos.
El director ejecutivo de ProConsumidor, Eddy Alcántara, explicó que el acuerdo procura acercar a las compañías de cobranza con las personas que mantienen compromisos financieros, fomentando un proceso más transparente y respetuoso. Además, anunció que se impartirán talleres de orientación dirigidos a abogados y representantes de las empresas de cobranza para garantizar el cumplimiento de las nuevas directrices.
El presidente de COB-RD, Francisco del Carpio, afirmó que el convenio busca dejar claro que las deudas deben ser pagadas, pero que ninguna empresa tiene derecho a vulnerar la dignidad o irrespetar a los ciudadanos durante el proceso de cobro. "Hay derecho a cobrar, pero no hay derecho a atropellar", expresó al destacar la esencia del acuerdo.
Entre los compromisos asumidos figura el establecimiento de un estándar que limita a un máximo de diez los embargos retentivos practicados en un mismo acto respecto de una misma medida, con el propósito de evitar excesos en la ejecución de estos procedimientos.
El convenio también contempla la creación de una mesa técnica integrada por representantes de ProConsumidor y de COB-RD, la cual tendrá la responsabilidad de dar seguimiento a los compromisos asumidos, evaluar los resultados de su implementación y promover mejoras continuas en las prácticas de cobranza en el país.
