La reapertura de la Administración, que lleva doce días cerrada, fue el pedido hecho este miércoles por los líderes demócratas del Congreso al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien solicitaron dejar el debate sobre la seguridad fronteriza del país para próximamente.
Durante un encuentro con el presidente estadounidense, en la Casa Blanca, los legisladores coincidieron en que cualquier votación dependerá de la decisión en torno a esta solicitud.
La previsiblemente próxima presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosy, aseguró a la salida de la reunión que la intención de sus colegas y ella es “acabar con el cierre parcial administrativo mañana”.
“Mañana vamos a votar un paquete legislativo para reabrir la Administración basado en leyes que han sido antes aprobadas por el Senado republicano, y otra legislación separada para aprobar fondos para Seguridad Nacional hasta el 8 de febrero”, indicó Pelosi a los periodistas.
Pelosi explicó que aprobar esta segunda iniciativa “daría 30 días más” a demócratas, republicanos y Trump para negociar sobre los fondos para la seguridad fronteriza de Estados Unidos, sin la necesidad de tener la Administración parcialmente cerrada.
Tanto la Casa Blanca como el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, han rechazado esa propuesta y Trump ha convocado para el viernes otro encuentro en la Casa Blanca con los líderes de ambos partidos.
“Como he dicho en las últimas semanas, el Senado estará encantado de votar una medida que la Cámara apruebe que el presidente vaya a firmar. Pero no vamos a votar a favor de otra cosa”, apuntó McConnell tras la reunión.
Desde el pasado 22 de diciembre, la Administración entró en su tercer cierre parcial luego de que la negociación entre republicanos y demócratas en el Congreso llegase a un punto muerto a raíz de la exigencia Trump de que el proyecto de presupuestos incluya una partida de más de 5.000 millones de dólares para el muro fronterizo.
En concreto, la parálisis afecta a agencias de diez departamentos del Ejecutivo, incluyendo Transporte y Justicia; así como a decenas de parques nacionales, que suelen ser una gran atracción turística.
El cierre también perjudica a 800.000 de los 2,1 millones de trabajadores federales, que no cobrarán mientras permanezca cerrado el Gobierno y están a expensas de la aprobación de un nuevo presupuesto.
