Fundación Justicia y Transparencia advierte se pretende firmar el Pacto Eléctrico sin consenso ni discusión

Santo Domingo.- La Fundación Justicia y Transparencia advirtió este martes que el Consejo Económico y Social pretende que las entidades convocadas para el diseño de un pacto eléctrico firmen, a finales de este mes, un pacto que no ha sido discutido ni consensuado.

"Al convocar para finales de mes la firma del Pacto Eléctrico se  violarían los derechos de los usuarios del sistema eléctrico, porque este es excluyente y cuenta con diversos puntos en el limbo e inconclusos", dijo Trajano Vidal Potentini, presidente de la fundación.

Potentini criticó que el Consejo Económico y Social pretenda retomar los trabajos que se hicieron en 2016, considerando que a la fecha los avances que se habían alcanzado están  descontextualizados.

"Deploramos que después de varios años de análisis, estudios y discusiones, no se haya llegado a consenso satisfactorio, sobre todo por la ambición desmedida de sectores empresariales, que pretenden mantener la electricidad como un negocio y no como un bien público, en cuyo caso debe el estado garantizar y priorizar el interés colectivo por encima del interés particular y privado", indicó en rueda de prensa.

La entidad cívica recordó que los escollos que en el pasado accidentaron el feliz término del pacto aún persisten; como lo fue la falta de transparencia en la entrega de documentos vitales sobre el manejo de la administración del sistema eléctrico,  la revocación de todos los contratos leoninos y dañinos al interés nacional y la unificación en un solo órgano de todas las entidades del sector eléctrico.

Justicia y Transparencia hizo un llamado al señor Toribio, y a la matrícula dirigencial del CES, para que detengan y dejen sin efecto las referidas pretensiones, de firmar un pacto inconcluso y sin el aval del sector social, además de ser contrario y violatorio a los intereses y derechos de las grandes mayorías del pueblo dominicano, desconocedor del debido proceso administrativo, carente de legitimidad y transparencia, tras advertirles, que de continuar con los referidos despropósitos, nos veremos en la obligación de acudir a los tribunales de la república, para reclamar los derechos conculcados.