Dirigentes del PLD indican PGR debe investigar si en Ministerio de Educación hubo o no ilícito penal

Santo Domingo, RD.- Tres miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Alejandrina Germán, Francisco Domínguez Brito e Iván Lorenzo, coincidieron al señalar que el Ministerio Público debe iniciar una investigación de inmediato para determinar si en el Ministerio de Educación hay un delito de tipo penal.

“El Ministerio Público tiene que hacer las investigaciones correspondientes para procesar a quien esté inculpado en actos de corrupción”, declaró Alejandrina Germán al ser abordada por la prensa previo a la reunión del Comité Político de este lunes.

Germán abogó por que se agoten los procedimientos legales para someter a cualquier persona a la justicia y que si la persona es culpable debe haber un régimen de consecuencias.

De su lado, Francisco Domínguez Brito consideró contraproducente que un funcionario destituido por un error, falta o tal vez un delito de tipo penal sea premiado con otra función pública.

Igualmente entrevistado por los representantes de los medios de comunicación que cubren las incidencias de la reunión del Comité Político este lunes, expresó que la Cámara de Cuentas debe intervenir esa institución, así como la Contraloría General de la República y el Ministerio Público para determinar si hay algún delito de tipo penal.

En tanto que el Senador Iván Lorenzo declaró que en el gobierno del PRM que encabeza Luis Abinader ha habido más escándalos de actos de corrupción que obras realizadas.

“En el caso específico del Ministerio de Educación, estaríamos trasladando todos los males de una gestión en Educación al Palacio Nacional y eso es incorrecto de manera que tiene que haber consecuencias”, dijo Lorenzo.

El vocero del Bloque de Senadores del PLD indicó que con Cámara de Cuentas o sin Cámara de Cuentas, el Ministerio Público tiene que hacer las investigaciones que sean necesarias a fin de establecer responsabilidades de todos los hechos que se han cometido en más de 20 instituciones donde sus incumbentes has sido desvinculados por supuestos actos de corrupción.