La fiscalía también debe decidir si ordena la captura de los cuñados del presidente.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, interpuso un recurso judicial para evitar que el Palacio de Gobierno vuelva a ser allanado como ocurrió la semana pasada, y en medio de las crecientes especulaciones sobre una posible orden de detención en contra de su esposa, Lilia Paredes.
Los abogados del mandatario solicitaron un "habeas corpus", luego de que el pasado miércoles se llevara a cabo un operativo en el que efectivos policiales y funcionarios judiciales llegaron a la sede presidencial para buscar a Yenifer Paredes, hermana de la primera dama, quien está acusada de presuntos actos de corrupción.
En ese momento no la encontraron, por lo que fue declarada prófuga. Sin embargo, horas más tarde, la joven, a quien Castillo llama "hija" porque él y su esposa la criaron prácticamente desde que nació, se entregó.
Desde ese momento, Castillo protestó al considerar que el Palacio de Gobierno es inviolable. Si ahora la Justicia le da la razón con el "habeas corpus", la Policía no podrá volver a allanar el Palacio de Gobierno.
La decisión es fundamental porque la causa también alcanza a la primera dama. Diferentes versiones periodísticas aseguran que en cualquier momento la Fiscalía pedirá su detención, pero si ya no se pueden realizar operativos en la sede presidencial, en donde vive, entonces ahí no podrá ser capturada.
De hecho, la investigación también asedia a dos de los hermanos de Lilia Paredes. Y al propio presidente.
A principios de julio, el programa televisivo Punto Final emitió videos en los que se ve cómo Yennifer Paredes ofrece obras públicas en la provincia de Chota, aunque no es funcionaria pública.
Investigaciones periodísticas y judiciales descubrieron que la joven, los empresarios Espino Lucana y el alcalde de Anguía (en Chota), Nenil Medina Guerrero, mantenían relaciones cercanas antes de que Castillo fuera presidente.
Una vez que asumió, de acuerdo con el expediente, armaron un plan para que las empresas de los hermanos obtuvieran licitaciones y ellos, a su vez, pagarían con sobornos al alcalde y a la cuñada del mandatario, quien trabajaba formalmente con los Espino Lucana. Las reuniones de todos con Castillo durante sus primeros meses de gestión fueron recurrentes.
El 12 de septiembre, Castillo visitó Anguía y anunció las primeras obras públicas. Solo cuatro días después, su cuñada y el empresario Hugo Espino Lucana visitaron otra localidad para ofrecer proyectos de agua potable y saneamiento. Esas imágenes son las que se dieron a conocer por televisión el mes pasado y dieron origen a la causa judicial.
En total, Castillo autorizó obras que beneficiaron a empresas de los Espino Lucana por un total 29 millones de soles (unos 7,2 millones de dólares). Algunas de las firmas, incluso, habían tratado de ser escondidas a través de prestanombres.
Una vez que avanzó la causa judicial, primero fueron detenidos el exalcalde y los empresarios. Luego, Yenifer Paredes se entregó en medio del escándalo y crisis institucional que provocó el allanamiento en la sede presidencial.
En el expediente, el juez Raúl Justiniano Romero denunció que el principal responsable de esta "organización criminal" sería Castillo, y que en ella también habrían participado la primera dama y sus hermanos Walter Enrique y David Alfonso Paredes (estos dos últimos, en calidad de prestanombres de los empresarios); y el ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, por lo que la posibilidad de que sean detenidos sigue latente.
A Lilia Paredes, en concreto, se le acusa de haber facilitado las reuniones de los empresarios (hoy detenidos) con el presidente y de repartir los sobornos obtenidos, luego de las "licitaciones fraudulentas".
Con respecto a Castillo, este caso ya se convirtió en la sexta investigación que lleva a cabo en su contra la Fiscalía, lo que presiona todavía más a un mandatario que apenas cumplió un año en el cargo a fines de julio pasado y que a diario recibe reclamos para que renuncie o sea destituido.
Frente a la delicada situación, el pasado fin de semana los presidentes de Argentina, Alberto Fernández; Bolivia, Luis Arce; Ecuador, Guillermo Lasso; y México, Andrés Manuel López Obrador, convocaron a defender la democracia en el país sudamericano.
"Ante la tensión política en el Perú, hacemos un llamado a todas las instituciones y fuerzas políticas de esa hermana República a fortalecer el diálogo político, como herramienta para superar la actual coyuntura que atraviesa el país", señalaron en un comunicado conjunto.
"Confiamos en que todos los actores nacionales privilegiarán la construcción de consensos amplios, inclusivos y participativos que permitan fortalecer el funcionamiento del sistema político establecido por la Constitución y la vigencia del Estado de Derecho", añadieron.
También reiteraron "el enorme respeto y amistad" que une a esos países con Perú; reiteraron su solidaridad con las autoridades legítimamente constituidas; e hicieron votos para que los peruanos "logren encontrar fórmulas que fortalezcan la convivencia democrática en la diversidad y pluralidad de visiones sobre su propio desarrollo".
