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Los contrabandistas de armas de fuego incautadas en localidades cibaeñas, contemplaban vendérselas a quienes dirigen a las organizaciones del crimen organizado, conforme a resultados de una investigación de representantes del Ministerio Público.
Se estableció que los artefactos incluidos seis fusiles, dos pistolas y miles de municiones decomisados la semana pasada, a través de la operación KAF en localidades de las provincias de Santiago y Espaillat, estaban destinados a mafiosos que operan en la región Norte.
También, fueron incautadas seis mil 689 cápsulas calibre 9mm, así como 9 cargadores para fusil, calibre 5.56 x 45, marca PRO MAG, dos cargadores para pistolas 9mm, tipo Tambor y uno para pistola, calibre 9 mm, con capacidad para 31 cápsulas, también cuatro millones de pesos y 17 mil dólares.
Unidades de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y representantes del Ministerio Público, con la asistencia de especialistas estadounidenses, participaron en los operativos ejecutados en varias comunidades.
Con relación al arsenal ocupado son los imputados Gregory Alberto Diplán Güichardo y Juan Miguel Almonte Padilla (Colita), quienes enfrentan cargos por comercializar con redes del crimen organizado armas de fuego de alto calibre y distribuir drogas narcóticas.
Para el procurador fiscal Santiago, Dr. Osvaldo Bonilla, las armas y municiones ocupadas serían una amenaza para la seguridad ciudadana.
El Ministerio Público solicita en contra de ambos prisión preventiva por tráfico de armas del caso KAF.
El órgano formuló contra los encartados la calificación jurídica provisional descrita en los artículos 4, literal B; 6, letra A y 75 párrafo 1 de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
Además, la violación a los artículos 66, 67, 68, 69 y 266 de la Ley 631-16 de Control y Regulación de Armas de Fuego y Materiales Relacionados.
La audiencia de medida de coerción en contra de los imputados está programada para el próximo miércoles, a partir de las 9:00 de la mañana.
Aunque hasta el momento solo hay dos imputados, el magistrado Bonilla informó que las pesquisas siguen abiertas, para determinar si hay más personas vinculadas en el país en el tráfico internacional de armas de fuego.
En los allanamientos en los que se arrestó a los implicados participaron 10 fiscales del Ministerio Público de Santiago y agentes de la Dirección Táctica de Investigaciones Sensitivas (DITIS) de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD_ y contaron con la colaboración internacional de investigadores de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA).
