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La crisis diplomática entre Haití y Republica Dominicana tras el cierre de las delegaciones diplomática y consulares en esa nación, han sido recurrentes y datan desde hace más de medio siglo.
Los presidentes Joaquín Balaguer, Salvador Jorge Blanco, Leonel Fernández, Hipólito Mejía Danilo Medina y ahora Luis Abinader tuvieron que reformular su política exterior para agendar en sus planes internacionales propuestas y reclamos por la situación de Haití.
Leonel Fernández y Salvador Jorge Blanco viajaron varias veces al vecino país para buscar acuerdos bilaterales en favor de una relación armónica y de cooperación reciproca.
Incluso, en una ocasión en extinto líder cubano Fidel Castro preparo una reunión entre Fernández y el entonces presidente haitiano Jean Bertrand Aristide apropósito de la celebración en La Habana de la X Cumbre Iberoamericana, de la cual Haití no forma parte.
Este jueves, el gobierno dominicano se vio precisado a cerrar sus embajada y consulados en el vecino país ante el caos originado por la escalada de desórdenes, saqueos y delincuencia por parte de bandas armadas que se disputan el control del país.
Mucho antes que esas gestiones de gobiernos, comprendidas entre 1976 y el 2020, hace 59 años, la República Dominicana confrontó una crisis diplomática con Haití que la obligó a cerrar su embajada, provocando así un agrietamiento en las relaciones entre ambos países.
Ocurrió en abril del 1963, durante el gobierno del profesor Juan Bosch, en la República Dominicana, y del dictador de Haití, Francois Duvalier.
El conflicto estuvo matizado por el ingreso de miembros del voluntariado de la seguridad nacional de Haití, conocido como los Tonton-Macoute, en territorio de la embajada dominicana, el 27 de ese mes.
Ese hecho surge después que la República Dominicana le otorgara asilo político al teniente Francois Benoit, un líder de la oposición haitiana, quien había sido acusado por el gobierno de su país de encabezar el intento de secuestro de dos hijos del presidente Duvalier, el 26 de abril de 1963.
Haití acusó a la República Dominicana de proteger a esa persona y violó las reglas de la diplomacia enviando tropas a la embajada detrás de varios exiliados.
El presidente Juan Bosch respondió de forma enérgica. “Hemos sido insultados sin haber provocado nosotros el insulto; se ha invadido nuestra embajada con fuerzas armadas, lo cual equivale a una invasión a nuestro país y es una ofensa imperdonable a nuestra dignidad”.
Así habló Juan Bosch en un discurso que pronunció en el Palacio Nacional para salir al enfrente de las acusaciones de Haití.
Bosch entendió que se le había faltado el respeto y que las naciones pequeñas que lo permiten no son dignas de ser naciones, porque “lo único que puede mantenernos como país soberano es la decisión de hacernos respetar de los pequeños y de los grandes, de los que pretendan abusar de su debilidad y de los que pretendan abusar de su fuerza”.
Consideró que la dignidad dominicana fue ultrajada en Haití de manera indignante.
“Y no estamos dispuestos a tolerar esa situación y no la toleraremos por ningún motivo”, advirtió al dirigirse a la nación, en medio de una tensa relación entre ambos países.
El gobierno haitiano negó la agresión, y se defendió acusando a Dominicana, no solo de incurrir en violaciones en materia de asilo, sino también de atribuirles a miembros de la misión diplomática dominicana el haber transportado a participantes en el intento de secuestro de los dos hijos del mandatario haitiano.
Pero a su vez, reaccionó adoptando una decisión drástica, que fue la de romper con las relaciones diplomáticas.
Pero ante las presiones diplomáticas y de organismos internacionales, el gobierno haitiano se vio obligado a retirar las tropas de la embajada dominicana a los pocos días.
El gobierno dominicano había colocado tropas en la frontera, y se negaba a retirarlas hasta que su homólogo haitiano otorgara salvoconducto a varios asilados en la embajada.
El suceso fue reseñado en diferentes medios de comunicación, que a partir de esa época han estado abordando la problemática.
El vicealmirante retirado Homero Luis Lajara Solá abordó esa crisis en un artículo en julio de 2018, titulado, Bosch y sus relaciones con Haití.
Señaló que se trató de un hecho histórico trascendente, que describe las características de la relación del gobierno de Bosch con Haití.
Precisó que el 27 de abril de 1963, las tropas haitianas armadas irrumpieron en la embajada dominicana en Puerto Príncipe, buscando al ex teniente del ejército haitiano, “acusado erróneamente de intentar secuestrar los hijos de Duvalier”.
Indicó que esa violación a la dignidad dominicana casi degenera en un conflicto armado entre ambos países.
Reseñó que bajo estas circunstancias, el gobierno dominicano dio un ultimátum de 24 horas al gobierno haitiano para que abandonara las hostilidades y se acogiera al derecho internacional.
Esa acción, indicó, fue apoyada por la Organización de Estados Americanos (OEA) en una sesión urgente que celebró en Washington D.C., cuando las Fuerzas Armadas estaban desplegadas en la frontera.
En un artículo publicado en la Revista Electrónica Iberoamericana, Ana Idalia Castellanos de Kranwinkel, exdirectora de Integración Regional del Ministerio de Exteriores de la República Dominicana, acotó que “El incidente fue llevado por ambos Gobiernos, el dominicano y el haitiano, tanto a la Organización de Estados Americanos (OEA), como a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde las dos partes se acusaron mutuamente con argumentos opuestos”.
Más reciente, en el 2015 un grupo de haitianos violaron el espacio del consulado dominicano en Puerto Príncipe, capital de Haití, donde quemaron una bandera dominicana y ondearon una de su nación.
Esto sucedió durante una marcha contra el “racismo y la xenofobia” que entidades de derechos humanos consideran afecta a inmigrantes haitianos en territorio nacional.
Ante la crisis interna en que se encuentra sumido Haití, debido a la continua ola de secuestros, asesinatos, saqueos y protestas violentas, varios países han cerrados sus embajadas, incluyendo República Dominicana. Igual decisión adoptaron España, Francia y Canadá.
El gobierno del primer ministro Ariel Henry no ha podido controlar ese malestar social, mientras las pandillas armadas ganan terreno.
