Ante la intimación legal de que fuera objeto por parte de los fiscales del pais para lo relativo al aumento de presupuesto al Ministerio Publico a fin de que puedan alcanzar la reclamada independencia de la justica, el presidente Luis Abinader riposta que está en disposición de discutir con la Procuraduría General de la República (PGR), pero al mismo tiempo alega que ya aumento un 30%.
La Asociación de Fiscales Dominicanos (FISCALDOM) representada por su Coordinador General, Dr. Francisco Rodríguez Camilo, intimó al Presidente de la República, Lic. Luis Abinader Corona, a fin de que en el proyecto del presupuesto general de la nación para el año 2023, sean asignados a la Procuraduría General de la República los recursos suficientes para cubrir sus necesidades perentorias de los miembros del Ministerio Público y de la institución, en cumplimiento de lo que se dispone en la Ley No.194-04.
"Es bueno que se sepa, este año nosotros aumentamos en un 30 % el presupuesto, o sea en el 2022 con relación al 2021, nosotros aumentamos un 30 %", expresó el presidente.
"Eso nosotros lo discutiremos con la procuraduría en la medida en que cada institución como la han hecho, soliciten los recursos", agregó.
En el acto de alguacil intimando al mandatario Fiscaldom advirtió al mandatario de que en caso de no obtemperar a su requerimiento, los fiscales de todo el país podrían paralizar todos los trabajos bajo su responsabilidad, lo que incluye, la persecución, allanamientos, investigación, acusación, vías recursivas y todo el sistema de justicia penal.
El Dr. Francisco Rodríguez Camilo, en su calidad de presidente de FISCALDOM, manifestó que también fueron intimados los señores Eduardo Estrella, Presidente del Senado de la República; Alfredo Pacheco Osoria, Presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana; José Manuel (Jochi) Vicente, Ministro de Hacienda; José Rijo Presbot, Director General de Presupuesto, los cuales conjuntamente con el Presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona fueron intimados y puestos en mora para que en la elaboración, formulación, presentación y aprobación del presupuesto general de la nación para el año 2023 se incluyan las partidas o asignación presupuestaria imprescindibles para que el Consejo Superior del Ministerio Público y la Procuradora General de la República puedan mejorar la calidad de vida y las condiciones de trabajo de los miembros del Ministerio Público, en cumplimiento de lo que se dispone en los artículos 1 y 3 de la Ley No.194-04; y en el numeral 9.1.11, páginas 18 y 19 de la Sentencia TC0001/15 de fecha 28 de enero del año 2015, emitida por el Tribunal Constitucional, según consta en el acto No.304/2022 de fecha 20 de septiembre del año 2022, notificado por el Ministerial Isaac Rafael Lugo, Alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo.
También sobre el mismo tema la magistrada Miriam Germán Brito advirtió a los fiscales que anuncian un posible paro de labores, sobre todo a través de uno de sus gremios que intimó en demanda de recursos a varios funcionarios del Estado, que “el Ministerio Público se juega en este momento su prestigio institucional en un escenario de confrontación de intereses”.
Germán Brito convocó desde el pasado 14 de septiembre a las directivas de la Asociación Dominicana de Fiscales de Carrera (Adofic) y la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom) para una reunión que se celebro este viernes en uno de los salones de la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP).
“Con responsabilidad histórica debemos advertir que el Ministerio Público se juega en este momento su prestigio institucional en un escenario de confrontación de intereses y corremos el riesgo de perder la confianza ganada si no somos capaces de enfocarnos en atender con esmero y dedicación las exigencias legítimas de la sociedad”, dijo la procuradora general.
“Cumplamos, pues, responsablemente con nuestra labor de procurar justicia en nombre de la sociedad, y todo lo demás nos llegará por añadidura”, dijo la magistrada Germán Brito, cuyas palabras textuales transcribimos a continuación:
Quisiera iniciar mis palabras expresando mi desacuerdo con la intimación que una de las asociaciones realizó ayer, en la víspera de una reunión convocada desde hace tiempo, actuación que me parece inoportuna, imprudente e injusta.
Me hubiese gustado que el acto de alguacil notificado estuviera encabezado por el acta de una asamblea gremial; de no haber sido así, podríamos concluir que no necesariamente representa el sentir colectivo.
No recuerdo ninguna época en que a los Ministerios Públicos se les hayan reconocido y aplicado con mayor rigor los beneficios que les reconoce la ley y la normativa interna.
No aspiro a gratitud personal, pero he escogido no tener la mezquindad en mi comportamiento, pero si no reconociese la apertura de los poderes Ejecutivo y Legislativo, que, dentro de las precariedades propias de nuestras circunstancias como país, no nos han cerrado la puerta cuando le hemos hecho algún planteamiento de las necesidades nuestras, si lo niego o lo desmerito, tendría una conducta mezquina.
He buscado en la notificación, aunque sea un atisbo de racionalidad y prudencia. Por desgracia no la he encontrado; sí, vetas de arrogancia, sî he visto un trasunto de que se pretende una anarquía, olvidándonos que la justicia es un servicio público que no debe ser paralizado.
No se espía a nadie sin proceso, pero parecería que, tras esas, aunque legales, aspiraciones imprudentes, incontrolables, puede estar algo o alguien que apueste a un comportamiento que podría llamarse de acoso y derribo.
Las verdades dichas, aparecerán algunos que la atribuyan a una especie de acuerdo y que responda al partido de gobierno, pues se equivocan, no pertenezco a ese, ni a ninguno de los mayoritarios; he tenido militancia de la que no reniego, pero ha sido con los menos, con ellos compartí la pasión de andar en busca de una sociedad más justa, nunca fuimos los primeros, llegué sin hipotecas en la conciencia y así he permanecido.
A lo largo de mis años de ejercicio en el sistema de justicia, he compartido con mis compañeros, jueces, fiscales, defensores, abogados y personal administrativo, las carencias y limitaciones que han caracterizado el desempeño de nuestras labores.
Tras mi designación como Procuradora General de la República, he recibido el respeto y el apoyo de distintos poderes y órganos del Estado. Además, y de forma muy importante, el respaldo de la sociedad dominicana, el cual nos ha guiado en el tránsito por situaciones delicadas y demandantes.
Estamos conscientes de que el Ministerio Público tiene aún un largo camino de institucionalización y organización que recorrer. Reconocemos también que existe una deuda histórica desde esta institución hacia los fiscales, los empleados administrativos y, debemos decirlo, hacia la sociedad, por los momentos históricos en que no hemos estado a la altura de los procesos a nuestro cargo.
En tan solo dos años, y con el respaldo firme de los poderes públicos responsables de la formulación y aprobación del Presupuesto General del Estado, no obstante, la crisis económica global asociada a una pandemia y a una guerra que hemos estado atravesando, el órgano de gobierno de la institución, nuestro despacho y los funcionarios que nos acompañan en la gestión del Ministerio Público hemos desplegado esfuerzos extraordinarios para cumplir con nuestra misión. Prueba de estos esfuerzos son los casos de corrupción que se han instrumentado, los cuales constituyen un hecho sin precedentes en la justicia dominicana.
Es necesario enfatizar que el Ministerio Público es una de las pocas instituciones que pudo implementar este año un proceso de reajuste y estandarización salarial, primero a los fiscales, y luego al personal técnico y administrativo; además de lograr la institucionalización del pago de los bonos anual (un salario libre de impuestos) y vacacional (un salario con impuestos incluidos) que se habían prometido en la normativa interna, pero que nunca habían sido cumplidos. Se reactivó la compensación por fallecimiento, suspendida por más de un año; se asignó el beneficio de combustible a todos los miembros del Ministerio Público, y se les dotó de flotas, minutos y data. Se está trabajando en el remozamiento físico y equipamiento tecnológico de las fiscalías y dependencias, así como en el mejoramiento del seguro médico y el seguro de vida.
Nos esforzamos en gestionar la carrera del Ministerio Público y diseñar sus sistemas técnicos amparado en un respeto firme a la Ley Orgánica del Ministerio Público, procurando cumplir con los procesos previstos y eliminar las odiosas excepciones, arbitrariedades y falta de transparencia que han marcado períodos oscuros del pasado.
Nuestro compromiso en la conducción de esta institución de servicio público es una marcha firme, consciente y serena, no es una carrera atropellada para satisfacer demandas, que, si bien pueden considerarse justas, no pueden ser impulsadas de forma temeraria e irreflexiva.
Este es el momento para demostrar a la sociedad dominicana cuánto puede aportar el Ministerio Público como institución, no solo en la persecución de la corrupción, sino también en la criminalidad ordinaria que tanto afecta la convivencia social cotidiana.
En estos momentos nuestros fiscales deben evitar dejarse seducir por cantos de sirenas que apelan a la confrontación con otros órganos del Estado y amenazan con interrumpir el servicio de la procuración de justicia que espera toda la sociedad.
Queremos reconocer en esta oportunidad, el esfuerzo desplegado por todos, la paciencia de quienes han esperado mucho, y aprovecho para motivarlos a continuar con esta labor en la que nos hemos encontrado, con una conciencia plena, un corazón agradecido, compasivo y la entereza necesaria para esperar alcanzar lo que deseamos en el momento y las condiciones oportunas.
A cada miembro del Ministerio Público le exhorto a mantener sus aspiraciones de mejoría sin dejar de trabajar con entereza y responsabilidad en beneficio de la gente. Que sigamos entregándonos en cuerpo y alma a una función vital para el Estado de derecho, sin desfallecer ante las dificultades profesionales ni dejarnos instrumentalizar por quienes pretenden demeritar a la institución para frenar cualquier avance institucional que nos acerque al cumplimiento efectivo de las funciones que nos confieren la Constitución y las leyes.
Con responsabilidad histórica debemos advertir que el Ministerio Público se juega en este momento su prestigio institucional en un escenario de confrontación de intereses, y corremos el riesgo de perder la confianza ganada si no somos capaces de enfocarnos en atender con esmero y dedicación las exigencias legítimas de la sociedad.
Cumplamos, pues, responsablemente con nuestra labor de procurar justicia en nombre de la sociedad, y todo lo demás nos llegará por añadidura”.
