Los interrogatorios sobre el supuesto fraude contra la Santa Sede continuan este viernes con nuevas y más preguntas sobre el cómo sucedió tal desaguisado, que permitió la sustración de bienes de la Iglesia Católica y de fondos aún no recuperados.
El sustituto de la Secretaría de Estado declaró como testigo durante más de cuatro horas. En el centro del interrogatorio, la solicitud del préstamo al IOR, que luego denunció, desencadenando la investigación y las negociaciones con el corredor Torzi para recuperar la propiedad del inmueble londinense: "Obligado a pagar 15 millones de euros".
"Que el Señor nos acompañe en este Vía Crucis". El mensaje enviado a su entonces secretario, resume el estado de ánimo con el que monseñor Edgar Peña Parra, tuvo que afrontar, poco después de llegar a Roma como sustituto de la Secretaría de Estado en octubre de 2018, las negociaciones por el Palacio de Londres, ahora en el centro del proceso por la gestión de los fondos de la Santa Sede.
El arzobispo venezolano fue el protagonista de la quincuagésima primera audiencia en la sala de los Museos Vaticanos, escuchado durante cuatro horas y media como testigo por los abogados de la defensa a cuyo aluvión de preguntas el Prelado nunca rehuyó, sino que, por el contrario, respondió con todo lujo de detalles, reivindicando el "trabajo" realizado en el marco temporal más febril: finales de 2018 y principios de 2019.
Es decir, el periodo en el que toda la compraventa del edificio de Sloane Avenue comenzó a escapársele de las manos para concretarse en lo que el Sustituto, en el memorial del 2 de junio de 2020 presentado con las escrituras, califica de "fraude" en perjuicio de la Santa Sede.
Durante la audiencia se abordaron dos cuestiones principales. Por un lado, el préstamo de 150 millones solicitado por el propio Peña Parra al IOR para renegociar la onerosa hipoteca de Cheyne Capital que gravaba el edificio londinense y que hacía "perder a la Santa Sede un millón al mes". La otra, las mil acciones con derecho a voto con las que el broker Gianluigi Torzi (imputado), propietario del fondo Gutt que gestionaba el edificio londinense, mantenía de facto la plena propiedad, hasta el punto de amenazar en ocasiones -según el testigo- con vender el edificio a terceros o utilizar los ingresos para financiar empresas de su propiedad (en un caso, por ejemplo, habría gastado 900.000 libras).
Peña Parra, que se encontró con una situación espinosa que había comenzado antes de su llegada, lo que repitió varias veces ante el tribunal fue que trató de evitar no sólo el escándalo, sino también la pérdida de grandes sumas de la Santa Sede. No sólo la hipoteca ("me dolió mucho este pago"), sino también los 4,5 millones de libras que la Santa Sede tuvo que pagar a Torzi por la gestión de un edificio que ganaba 3 millones.
Remontándose a su llegada a la Secretaría de Estado, el Prelado explicó que "nunca hubo un traspaso" y que se fue dando cuenta de los problemas poco a poco. Incluso monseñor Alberto Perlasca, entonces responsable de la Oficina Administrativa, sólo le informó más tarde de la "difícil situación" en Londres. Y Perlasca volvió a firmar, según el testigo, el Acuerdo Marco y el Contrato de Compraventa de Acciones con la empresa de Torzi sin poder firmarlo y sin autorización alguna de sus superiores. Peña Parra mostró de inmediato su preocupación y, en noviembre de 2018, se puso de inmediato a estudiar los documentos, planteando 'perplejidades': 'No soy un experto en temas financieros, pero traté de utilizar el sentido común y el criterio de un buen padre de familia'.
El sustituto redactó entonces una serie de preguntas que envió el 26 de noviembre al abogado Nicola Squillace (imputado), socio de un gran bufete milanés. En concreto, Peña Parra preguntó qué significaban las mil acciones del edificio, quién era Torzi, quién Raffaele Mincione (el otro financiero, también imputado, propietario del fondo Goff que antes poseía el edificio de Sloane Avenue), cuál era la relación entre ambos, etcétera. Squillace respondió de forma circunstancial y puntual a cada pregunta, "tranquilizando a todos los dudosos" de que todo se movía a favor de la Santa Sede. Incluso cuando se dirigieron a la Oficina del Auditor General para someterle el asunto y el auditor Alessandro Cassinis Righini señaló cuestiones críticas, "seguimos adelante", porque el abogado nos tranquilizó. "Digo seguimos porque el cardenal Pietro Parolin había visto la nota y dijo: si es como nos lo han representado, seguiremos adelante".
Peña Parra convocó entonces una reunión del consejo de administración de Gutt: "Estaba desesperado… Después supe que había habido reuniones, nunca se me informó". El 23 de diciembre se celebró la reunión "y lo primero que hizo Torzi delante de mí, en mi despacho, fue echar del consejo de Gutt a Fabrizio Tirabassi, el antiguo administrativo (acusado)". Al quedarse "sin interlocutores", el arzobispo decidió entonces involucrar primero a su asesor Luca Dal Fabbro y después a su secretario particular, monseñor Mauro Carlino, ambos implicados en las negociaciones de Londres, para que hablaran con Torzi y "comprendieran cuánto quería salir". "Carlino cumplió con su deber con competencia y lealtad", aseguró el sustituto. En las negociaciones "pensábamos al principio en un millón y medio, máximo tres. A finales de marzo Torzi pidió 25 millones, luego volvió a 20. Después bajó a 15′.
Quince millones de euros, sin indemnización alguna, fue la cantidad que realmente se pagó a Torzi en dos tramos: 10 millones ("Era el famoso 3% que figuraba en el documento de venta del edificio") y 5 millones ("Eran los seis meses de trabajo y luego ningún beneficio"). "Nos vimos obligados. Fue un profundo dolor para mí darme cuenta de que aún teníamos que dar dinero para esto. Torzi tenía el poder y no podíamos hacerlo de otra manera', dijo Peña Parra. Realmente, reiteró, 'era un Vía Crucis, de hecho, un doble Vía Crucis. Si el Señor cayó tres veces, nosotros seis'.
En cuanto a la cuestión del IOR, el sustituto explicó que había implicado al Instituto para obtener una refinanciación en condiciones favorables. "El préstamo nos costaba un millón al mes", dijo ante el tribunal, "era un delito utilizar así el dinero de la Santa Sede". No hacía falta ser Einstein para comprender la importancia de pagar esa hipoteca…. Se pensó con los superiores de la Secretaría de Estado hacer algo interno para evitar también pagar intereses fuera".
En febrero hubo "negociaciones verbales" con la dirección del IOR, y después, el 4 de marzo, la petición oficial. La alta dirección del IOR había garantizado la financiación: "El dinero está disponible". Después, durante una reunión celebrada el 25 de julio, el IOR volvió sobre sus pasos. Lo hizo 23 días después de que el mismo Instituto, junto con el Auditor General, hubiera presentado la denuncia que desencadenó la investigación.
El presidente Jean-Baptiste De Franssu, en su interrogatorio del 16 de febrero, dijo que el Instituto decidió no proceder basándose en la información recabada por la Oficina de Compliance que apuntaba a riesgos de blanqueo de capitales y, sobre todo, debido a que la Secretaría de Estado nunca había presentado la documentación requerida: "Nos vimos obligados a denunciar".
Peña Parra dejó claro, sin embargo, que mantenía buenas relaciones con el IOR y su cúpula directiva: "Cuando me dijeron que no, no hubo crisis. No tuve ningún problema con el IOR ni con la gente del IOR', pero 'podían haber dicho enseguida que no', así 'no habríamos tirado tanto dinero'.
El interrogatorio continuará este viernes 17 por la mañana con las repreguntas.
