El contenido de este controversial anteproyecto fue enviado a mayor estudio en busca de “aclarar que las medidas de atención integral solo alcanzan a las víctimas debidamente identificadas y reconocidas de trata”,
Santo Domingo, RD .- Este martes 18 de abril se vence el plazo de 45 días establecidos por el Poder Ejecutivo para que sea reintroducido a la Consultoría Jurídica, el proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes luego de ser retirado del Senado para ser modificado.
El 7 de febrero, el vocero y director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, Homero Figueroa, informó a través de un audiovisual que el presidente Abinader instruyó a retirar del Congreso el proyecto para lograr un “consenso público necesario”.
Especificó que la reintroducción de la pieza legislativa se haría en un plazo “no mayor a los 45 días”, sin embargo, algunos integrantes de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CITIM) no han terminado sus observaciones.
La última información que obtuvo este diario sobre las correcciones del proyecto fue que tres instituciones que no habían concluido sus críticas sobre las modificaciones que le realizó el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX).
Además, una fuente cercana al proceso aclaró que este plazo no está establecido en la ley y “no ha sido posible que todas las instituciones envíen sus comentarios y reacciones”.
También, detalló que el proyecto sería dividido en dos partes para "evitar confusiones" sobre las “medidas de atención a las víctimas de trata y las personas objeto de tráfico ilícito de migrantes”.
Se estima que el primer anteproyecto sea denominado “ley integral sobre trata de personas”, el cual tiene, hasta el momento, un volumen aproximadamente de 36 páginas y 85 artículos.
Mientras que el segundo será identificado como “ley para el combate del tráfico ilícito de migrantes” que contiene al menos 15 páginas y 32 artículos.
El contenido de este controversial anteproyecto fue enviado a mayor estudio en busca de “aclarar que las medidas de atención integral solo alcanzan a las víctimas debidamente identificadas y reconocidas de trata”, especificó la fuente, indicando una de las principales motivaciones para modificar la redacción.
