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Puerto Príncipe.- El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ha reafirmado la "urgente necesidad" del despliegue de una fuerza armada internacional especializada en Haití, tal y como subrayó en una carta que dirigió al Consejo de Seguridad de la ONU en octubre de 2022.
"Reitero la urgente necesidad del despliegue de una fuerza armada internacional especializada", reza el último informe del secretario general al Consejo de Seguridad publicado este jueves en Puerto Príncipe.
Este despliegue debería combinarse con el apoyo estratégico y de asesoramiento de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh, por sus siglas en francés) para crear capacidad policial.
"El despliegue de dicha fuerza sigue siendo esencial para ayudar a las autoridades nacionales a frenar la violencia contra el pueblo haitiano y las violaciones de sus derechos humanos, restablecer el Estado de derecho y crear las condiciones propicias para la celebración de elecciones creíbles", señala el documento.
La violencia en Haití sigue aumentando y las autoridades estatales no responden adecuadamente. Las poderosas bandas armadas atacan a la Policía Nacional, que carece de recursos suficientes y se enfrenta a enormes obstáculos en su lucha por impedir que las pandillas refuercen su control sobre el país.
Guterres expresó su preocupación por el hecho de que las bandas también estén atacando a los niños, incluso reclutando a menores. Muchos haitianos están abandonando el país y la creciente inseguridad sigue provocando desplazamientos internos.
"El acceso humanitario y el acceso a los servicios básicos, como la educación y la salud, siguen estando restringidos, incluso fuera de la capital", informa el documento, que recuerda que la inseguridad alimentaria ha alcanzado un nivel récord, con un estimado de 4,9 millones de personas afectadas, 4 veces más que en 2017.
Según la ONU, estos signos muestran claramente que, sin medidas adecuadas, la espiral de violencia seguirá creciendo, con el riesgo de repercusiones para varias generaciones.
"Es esencial que los actores médicos, educativos y humanitarios y sus instituciones, así como las poblaciones vulnerables, incluidas las mujeres y los niños, sean protegidos y respetados por todos", apostilló el diplomático.
"Debe restablecerse el Estado de derecho para que el pueblo haitiano pueda ejercer sus derechos políticos y civiles", afirmó Guterres, que considera que la lucha contra la violencia de las bandas debe ir acompañada de avances concretos en la resolución de la crisis política, o las instituciones de Haití seguirán erosionándose y el pueblo haitiano sufrirá aún más.
Los esfuerzos deben estar dirigidos a construir el consenso más amplio posible y definir una hoja de ruta para crear las condiciones políticas y de seguridad necesarias para celebrar elecciones y restablecer las instituciones elegidas democráticamente, dijo el funcionario.
"El pueblo haitiano sigue sumido en una de las peores crisis de derechos humanos en décadas y en una emergencia humanitaria de grandes proporciones. Debido al elevado número de muertos y a la extensión cada vez mayor de las zonas controladas por bandas armadas, la inseguridad en la capital ha alcanzado niveles comparables a los de países en conflicto armado", señala el informe.
En cuanto al respeto de los derechos humanos, la situación de las personas que viven en zonas controladas por bandas armadas sigue siendo "terrible".
Entre el 1 de enero y el 15 de marzo pasados, al menos 531 personas murieron, 300 resultaron heridas y 277 fueron secuestradas en incidentes relacionados con las bandas, principalmente en Puerto Príncipe.
"Las actividades de las bandas tienen un impacto catastrófico en los derechos humanos de los niños. Aunque sigue siendo difícil hacer un seguimiento de los incidentes debido a las limitaciones de acceso causadas por la inseguridad", afirmó Guterres.
En Haití, el número de homicidios denunciados fue de 815 entre el 1 de enero y el 31 de marzo, frente a los 673 del último trimestre de 2022.
Solo el departamento de Occidente, donde se encuentra Puerto Príncipe, concentró el 80 % de ellos. Además, en el primer trimestre de 2023 se registraron 637 secuestros, frente a los 391 de los últimos tres meses de 2022, lo que supone un aumento del 63 %.
