SANTO DOMINGO, RD.- El conflicto que arrastra la cuestionada Cámara de Cuentas de la Republica Dominicana continúa complicándose cada vez mas y esta vez un nuevo ingrediente se suma a esa situación.
Este martes, mediante acto de alguacil, los miembros de la Cámara de Cuentas Mario Arturo Fernández Burgos y Janer Andrés Ramírez Sánchez fueron citados a comparecer como testigos l de los casos unificados de supuesta corrupción Coral y Coral 5G.
Esta citación se produce lluego de alrededor de nueve horas de entrevistas a los miembros de la Cámara de Cuentas por una comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga faltas cometidas por este organismo fiscalizador.
En esos interrogatorios, los legisladores podrían solicitar que se inicie un juicio político contra el pleno de ese órgano.
Además del citado Ramírez Sánchez, también han sido interrogados Tomasina Tolentino, Elsa Peña, Elsa Catano y Mario Fernández. Además de la secretaria general auxiliar del organismo.
Los miembros de la comisión de la Cámara de Diputados que realiza la investigación está integrada por Rogelio Genao Lanza, como presidente; César Santiago Rutinel; Rosendy Polanco; Pedro Tineo; Elías Wessin Chávez; Rubén Maldonado; Plutarco Pérez; Mayobanex Martínez; Víctor Suárez; Gustavo Sánchez; Saury Mota; Braulio Espinal; José Horacio Rodríguez; Brenda Ogando; Santiago Vilorio; Amado Díaz y Lily Florentino.
Sobre el caso “Coral y Coral 5G se iniciaron las exposiciones de los imputados en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, la etapa denominada como contrarréplicas, última de la fase preliminar.
En dicho expediente hay 48 encartados, ligados a las filas militares y policiales, supuestamente estafaron al Estado con más de 4,000 millones de pesos, conforme a la acusación del Ministerio Público.
En este proceso de audiencia preliminar que lleva más de cinco meses ventilándose, el Ministerio Público concluyó su ponencia, de igual forma, el Estado dominicano como querellante que pide una indemnización de más de 20 mil millones de pesos contra el alegado entramado.
La acusación del Estado como querellante va dirigida, principalmente, a los imputados Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep); Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), así como al Consejo Nacional de la Niñez (Conani).
Inicialmente, a los imputados en estos casos les impusieron medidas de coerción de 18 meses de prisión preventiva, pero al concluir este tiempo, les han sido variadas por arresto domiciliario y otras menos gravosas.