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Se cumple este jueves el plazo dado por el gobierno de la República Dominicana a los haitianos que construyen un canal para desviar aguas del rio Masacre hacia su territorio, tarea de la cual se ha desvinculado el gobierno haitiano de forma extraoficial, y de la cual nadie identifica quienes son sus promotores, ni tampoco empresario, ni político alguno de la Republica de Haití, asume como responsable.
Ni el gobierno dominicano ni el gobierno haitiano han dado información de quienes estarían detrás de dicha construcción, o cuales serian los beneficios y para quien y, a pesar de esto, dos comisiones, representativas de ambas naciones, se encuentran desde el pasado martes, reuniéndose para buscar una solución a un conflicto que ninguno asume como propio, ni tampoco dicen de quien es.
El pasado lunes el gobierno dominicano, luego de una Reunión de su Consejo de Seguridad Nacional, emitió un comunicado donde, entre otras medidas, anuncio un plazo de 48 horas a quienes construyen un canal para desviar aguas del rio Masacre hacia territorio haitiano.
La construcción del canal había comenzado en 2021, pero fue paralizada tras el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moise ahora, luego del ultimátum de Luis Abinader en nombre del gobierno, sale a flote que ya en el 2021 se había aprobado la referida construcción por parte de ambos gobiernos.
El gobierno haitiano dice no haber autorizado la reanudación de la obra, sino que está siendo llevada a cabo por empresarios haitianos a los que el gobierno no ha podido detener.
El pasado lunes, cuando el Consejo de Seguridad Nacional dio a conocer las medidas a implementar ante el conflicto en curso, entro en vigor la suspensión definitiva de la emisión de visas a haitianos y la prohibición de entrada al país de todos aquellos involucrados en el conflicto, aunque ninguno ha dio identificado ni por el gobierno dominicano, tampoco por el gobierno haitiano.
Precisamente hoy, en medio de negociaciones para poner fin a un conflicto que nadie asume provocó, expira el plazo de 48 horas dado por República Dominicana para que Haití ponga fin a la construcción del canal impulsado por sectores haitianos desconocidos, para desviar el curso del río Masacre y transferir sus aguas hasta propiedades rurales, advirtiendo que, de no hacerlo, cerrará sus fronteras terrestre, marítima y aérea.
