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Murcia (EFE).- La Policía Nacional ha concluido la identificación de los trece fallecidos en las discotecas Teatre y Fonda Milagros incendiadas el domingo en Murcia.
Fuentes policiales han indicado a EFE que seis de los cadáveres han sido identificados por huellas dactilares, mientras que las otras siete víctimas lo han sido tras el cotejo con muestras de ADN que han aportado sus familiares.
Mientras, agentes de Policía Científica continúan recogiendo indicios en el interior de las discotecas siniestradas Teatre y Fonda Milagros y tomando declaración a clientes que se encontraban esa madrugada en los locales.
Una vez concluida la identificación, la Policía ha citado esta tarde a las familias en dependencias de la Jefatura Superior de Murcia, donde han ido llegado, en algunos casos junto a abogados, para ser informados del fin del proceso de cara a la entrega de los cuerpos, que permanecen en el Instituto de Medicina Legal y podría producirse a partir del mediodía de mañana.
Entre las víctimas mortales se encuentran cinco ecuatorianos, uno de ellos con doble nacionalidad; otros tantos nicaragüenses, y tres ciudadanos originarios de Colombia.
Si el proceso judicial abierto para investigar el incendio de las discotecas de Murcia concluye que las muertes de las 13 víctimas del siniestro se produjeron por imprudencias graves, los responsables de esos homicidios imprudentes podrían enfrentarse a penas de hasta 9 años de prisión.
Así lo ha explicado a EFE el fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, que ha insistido en que el caso se encuentra aún en una “fase muy inicial”.
De acuerdo con las diligencias abiertas por el juzgado de instrucción número 3 de Murcia, se estudia que las trece muertes hayan sido consecuencia de una imprudencia, por lo que la investigación consistirá en determinar qué ocurrió exactamente y quién es el responsable.
En ese sentido, el fiscal ha recordado que, en función de la gravedad de la imprudencia, el Código Penal fija, para las consideradas graves, penas de hasta 4 años de prisión.
Además, en casos especialmente graves, “cuando se haya producido un número muy elevado de muertes”, como podría ser este caso, la pena puede aumentar hasta 9 años de prisión.
“Las hipótesis están muy abiertas y no se puede concluir nada hasta que no empecemos a tener los informes policiales y de los peritos”, ha resaltado.
En cuanto a las responsabilidades civiles, ha señalado que es crucial conocer si las salas afectadas contaban con seguros, con lo que las víctimas podrían recibir una indemnización si se determina la responsabilidad en el suceso de los propios locales.
La administración local, ha dicho, también podría llegar a incurrir en una responsabilidad civil subsidiaria en función de las variables del caso.
Preguntado por la intención de Podemos de personarse en esta causa, Díaz Manzanera ha indicado que deberá hacerlo como “acusación popular” si no es una parte directamente afectada por el suceso y que, cuando son muchas las peticiones de este tipo, el juez, previo informe del Ministerio Fiscal, puede decidir agruparlas bajo una misma representación para evitar que se ralentice la marcha del proceso.
Testigos del incendio el pasado domingo en las discotecas Teatre y Fonda Milagros han declarado a la policía que vieron salir llamas de los conductos del aire acondicionado, según comentaron a EFE fuentes policiales.
Según fuentes de la investigación, la sala Teatre y la contigua Fonda Milagros, abierta sobre una separación del local originario y en la que fueron encontrados los trece cuerpos sin vida de las víctimas, compartían el mismo aparato de aire acondicionado.
El portavoz del cuerpo de bomberos, Juan Ángel Navidad, ha explicado que es imposible saber si los conductos de Teatre y Fonda Milagros eran compartidos por el estado en que han quedado ambas salas, pero sí han comprobado que existía una sala donde se encontraba el aparato de climatización que sí trabajaba para los dos locales.
El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha dado orden de apartar a los funcionarios que han intervenido en el procedimiento administrativo relacionado con la sociedad Teatre Murcia S.L., propietaria de las discotecas incendiadas el pasado domingo, mientras se lleva a cabo la investigación, según han informado fuentes municipales.
Ballesta ordenó el pasado lunes la apertura de un expediente informativo con el fin de esclarecer todo lo ocurrido en el procedimiento administrativo relacionado con los locales de ocio nocturno de la zona de Atalayas, en Murcia, donde el pasado domingo murieron 13 personas en el incendio de dos discotecas y 24 personas resultaron heridas.
La investigación se centra en recabar, con carácter prioritario y urgente, cuantos datos e informes sean necesarios de los distintos servicios municipales relacionados con el caso, para así esclarecer lo ocurrido con la orden de cese de actividad de la discoteca Teatre, dictada por el concejal de Urbanismo de la anterior corporación en enero de 2022 y depurar posibles responsabilidades.
