Las pandillas retomaron las extorsiones en algunos barrios de El Salvador

Pobladores del extrarradio de San Salvador han denunciado el regreso de grupos pandilleros, confirmaron a Infobae fuentes policiales. El gobierno de Bukele no brinda información

EL SALVADOR.– No son pocas las veces que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha dicho que su país es el más tranquilo del continente. La última vez que lo hizo fue el 29 de septiembre pasado en su cuenta X: “El Salvador es, por mucho, el país más seguro de Latinoamérica…”

Esto es así, alegan el mandatario y sus propagandistas, porque su gobierno ha logrado desarticular a las pandillas MS13 y Barrio 18. Recientes informes policiales tienden a desmentir esto y hablan, más bien, de que los pandilleros han retomado la extorsión y la presencia en varios barrios y comunidades del país.

Las extorsiones y la vigilancia permanente en barrios que han sido atormentados por pandillas en los últimos años han empezado a resurgir luego de que las fuerzas de seguridad del gobierno lograran disminuir a las células pandilleriles durante un régimen de excepción que inició en marzo de 2022.“Ya hay pandilleros en labores de posteo, de vigilancia a las autoridades… El mecanismo de extorsión mandando a jóvenes a cobrar (una cuota) a los negocios de la zona ha resurgido”, dice Marvin Reyes, directivo del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil (MTP), una organización que reúne a decenas de policías y que se ha mostrado crítica de algunas políticas del gobierno Bukele.

A ellos, dice Reyes, han llegado denuncias de agentes desplegados en todo el país y de ciudadanos según las cuales algunas células -clicas como se les conoce en el argot policial y pandilleril en El Salvador- han vuelto a encontrar espacio suficiente para reactivar sus actividades criminales, sobre todo la extorsión a vecinos y pequeños negocios. La extorsión es el alimento financiero principal de estos grupos según se ha demostrado en decenas de estudios y casos judiciales desde que las pandillas de jóvenes centroamericanos surgieron en las calles de Los Ángeles y luego migraron a otras ciudades de Estados Unidos y de los países del norte centroamericano debido a las políticas de deportación masiva ejecutadas por las administraciones de Bill Clinton y George W. Bush.Según los informes recibidos por el MTP, hay resurgimiento de células pandilleras en el Distrito Italia y en la colonia Altavista, en el extrarradio de San Salvador; también en los departamentos de San Miguel en el oriente, Santa Ana y Sonsonate en el occidente y La Libertad en la zona central. Un veterano oficial de la policía que ha servido como asesor al gobierno de Bukele, y quien habló con Infobae desde el anonimato por seguridad, confirmó la información del MTP y añadió que en algunas zonas costeras en el centro y este del país también hay una reorganización de clicas y un aumento de las extorsiones.

Reyes dice que incluso han resurgido los enfrentamientos armados entre pandilleros y policías en algunas zonas del país, los cuales han dejado a varios miembros de la MS13 y el Barrio 18 muertos y al menos a un agente herido. El oficial consultado agregó que también ha habido choques armados en la zona del Golfo de Fonseca, en el departamento de La Unión, fronterizo con Honduras. Sin mayores explicaciones, la administración Bukele decidió casi desde el inicio de su gestión reservar información sobre índices de criminalidad y no contar entre los homicidios diarios los de supuestos pandilleros abatidos en enfrentamientos con las autoridades.

En La Unión, una de las provincias más grandes del país en el extremo este, que se alarga desde la costa en el Pacífico hasta la frontera hondureña, las autoridades han detectado santuarios de pandilleros en zonas montañosas y en los bosques de mangle que pueblan el litoral. “Los pandilleros se esconden básicamente el ámbito rural, donde buscan las zonas más alejadas y boscosas y de difícil acceso para ocultarse. Se abastecen de alimentos y logística a través de familiares”, describe Marvin Reyes.

Otro oficial que supervisó unidades de inteligencia policial dedicadas a estudiar a las pandillas MS13 y Barrio 18 dijo a Infobae que las políticas de seguridad pública en el gobierno de Bukele han sido efectivas hasta cierto punto: han logrado disminuir el control de los grupos pandilleros en los territorios pero no han logrado impedir que estos se transformen y aprovechen los huecos que les dejan las autoridades para seguir extorsionando.

“Las pandillas todavía tienen cierto rango de acción y estarían reactivándose en algunas zonas. No tienen la fuerza que tenían antes pero pueden ir tomando fuerza poco a poco como lo hicieron en el pasado”, dice Reyes del MTP.En las ciudades, coinciden Reyes y los otros dos oficiales consultados, la presencia de los pandilleros es mucho menor que en el pasado. Hay ya decenas de reportes periodísticos que, citando a vecinos de barrios en las periferias de la capital salvadoreña, hablan de un ambiente de tranquilidad que no se vivía en esos lugares desde lo años 90, cuando las dos pandillas echaron raíces ahí y ejercían poder absoluto sobre los territorios. Hoy, dicen estas fuentes, los pandilleros viven y operan de una forma más subterránea, sin ser visibles en las calles como antes, escondidos en casas no controladas por las autoridades y manteniendo sus redes de extorsión de forma más discreta.

“La estructura ha sido tan diseminada a nivel nacional y ha permanecido por más de 25 años en los territorios. No va a ser fácil que entreguen el control a las autoridades, se niegan a dejar de existir, prueba de ello es que ante una pausa que hacen las autoridades de seguridad pública, la confianza que ya sienten porque no se ven las estructuras en los territorios, vuelven a surgir”, dice Reyes.

La guerra contra las pandillas y las viejas formas de operar

La relación entre el gobierno de Nayib Bukele y las dos pandillas más grandes del país, la MS13 y el Barrio 18, ha tenido varias etapas. Primero existió un pacto de gobernabilidad que el presidente y algunos de sus funcionarios hicieron con los liderazgos pandilleros cuando Bukele fue alcalde de San Salvador, la capital, entre 2015 y 2018, según comprobaron en el terreno investigadores de la Fiscalía General salvadoreña apoyados por agentes estadounidenses del FBI.

Aquel pacto, han detallado agentes estadounidenses en documentos que sirvieron de base a sanciones impuestas por el Departamento de Estado en Washington a los funcionarios de Bukele que participaron en él, consistió en esencia en proteger a los líderes de las pandillas de la extradición a cambio de votos en las elecciones presidenciales y municipales y de gobernabilidad en los territorios.

Los tratos han facilitado, de hecho, que al menos tres de los máximos líderes de la MS13 a los que Estados Unidos solicita por crímenes que van desde el homicidio hasta el terrorismo no sean extraditados, entre otras cosas por objeciones que ha hecho Rodolfo Delgado, el fiscal general que sirve bajo las órdenes del presidente Bukele.

En marzo de 2022, sin embargo, el pacto se rompió y los liderazgos pandilleros ordenaron “abrir las válvulas”, el eufemismo del argot pandilleril que equivale a dar órdenes para matar sin distinciones. A finales de octubre pasado, un consorcio de medios centroamericanos agrupados bajo el nombre de Redacción Regional, reveló más detalles de esos tratos entre gobierno y pandillas, que incluyeron traslados masivos de miembros de la MS13 y el Barrio 18 desde las cárceles a hospitales. Antes, el periódico El Faro había revelado que Carlos Marroquín, uno de los funcionarios de Bukele que operó el pacto pandillero, había sacado personalmente de la cárcel a uno de los máximos líderes de la MS13 y le había ayudado fugarse a Guatemala. Infobae reveló que ese líder, llamado Élmer Canales Rivera, alias Crook, fue detectado a principios de este año en la Ciudad de México.

A la ruptura del pacto siguió un régimen de excepción que se suponía transitorio pero ha sido renovado todos los meses desde marzo de 2022 hasta ahora. Durante lo que va de este régimen, que provocó la disminución de la presencia pandillera en los territorios, entre 70,000 y 80,000 personas han sido encarceladas según las cifras del gobierno. Entre marzo de 2022 y septiembre de 2023, 188 han muerto en las cárceles del país tras ser vapuleadas y torturadas o porque los custodios les negaron atención médica.

El presidente y su gabinete de seguridad han insistido en que la gran mayoría de los capturados son culpables de ser pandilleros o de colaborar con estos grupos aunque, a la fecha, ninguno ha sido condenado por un juez.

Los despliegues del aparato de seguridad de Bukele, antes y después de instalado el régimen de excepción, han sido masivos: 7,000 soldados y 1,000 policías en el norteño departamento de Cabañas en agosto de 2023 “para sacar a los delincuentes de sus escondites”, según la comunicación oficial del gobierno; 2,000 soldados en un cerco militar al pequeño poblado de Comasagua, en la zona montañosa aledaña al sur de la capital, conocida como la Cordillera del Bálsamo. Los resultados de esos operativos han sido más bien pobres: algunas armas y capturas de miembros de menor rango de las pandillas.

El despliegue más reciente, anunciado por el mismo Bukele el 11 de octubre pasado en su cuenta X, fue de 3,500 policías y 500 soldados en Popotlán y Valle Verde, en Apopa, al norte de San Salvador, y en La Campanera, al este de la capital.

Marvin Reyes, del MTP, insiste en que el régimen de excepción no va a acabar por completo con las pandillas. “La reactivación en tiempos de régimen denota que erradicarlos no va a ser fácil. Los planes deben de ser de carácter permanente; no se va a terminar con el régimen de excepción, sino de políticas de estado en materia de seguridad que sean permanentes y la aplicación efectiva de la inteligencia de la policía, el ejército, el gobierno y la inteligencia penitenciaria”, sugiere.

A Reyes decir estas cosas le ha traído costos personales, según él mismo ha denunciado en sus redes sociales. Visitas de agentes a sus oficinas, acoso en redes, seguimientos y, lo más reciente, cuentas troles relacionadas con el gobierno esparciendo rumores sobre su arresto, que él ha tenido que salir a desmentir.

En 2022, el congreso salvadoreño, dominado por una mayoría oficialista, aprobó reformas legales que permitían a la fiscalía, también bajo dominio de Bukele, procesar y encarcelar a ciudadanos y periodistas que publicaran cualquier información relativa a las pandillas y, por ende, a sus tratos con el gobierno. A finales de ese año, el Departamento de Estado en Washington, retiró la visa a Christian Guevara, jefe de la bancada bukelista y promotor de la ley.

El 1 de noviembre pasado, tras recibir presión de los Estados Unidos, el congreso bukelista derogó de forma parcial la mordaza, pero dejó vigentes artículos que aún permiten a los fiscales del presidente perseguir a periodistas.

En los barrios y comunidades de El Salvador las decisiones que toman el Congreso y el presidente siguen siendo muy populares. En algunos de esos lugares, sin embargo, empieza a haber ya indicios de que el régimen de excepción, los despliegues de miles de uniformados y la retórica presidencial no han bastado para eliminar a las pandillas con cuyos líderes el presidente alguna vez pactó.