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Brasil fue el primero de la región en aplicar una legislación de este tipo, sin embargo, solo un 4% de los residuos totales del país es reciclado.
El desecho de materiales plásticos es una problemática global que afecta principalmente a los ecosistemas marinos del planeta.
En datos, solo en 2020, 3,7 millones de toneladas de contaminación plástica entraron en el océano procedentes de países de Latinoamérica, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En este contexto, la región ha ido poco a poco avanzando en legislación para reducir el uso de este material, principalmente en la última década.
Brasil lidera las iniciativas en cuanto a legislación de plásticos tras promulgar en 2010 la Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS). Posteriormente, Chile se sumó a estas normativas en 2016 con la llamada Ley REP y así han ido sumándose gradualmente economías.
“Creo que las regulaciones cada vez van a ser más ácidas, más restrictivas respecto a lo que las industrias de alguna manera tienen que gestionar, en su modelo de logística reversa”, señaló a DFSUD Ángel Almada, gerente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola Paresa.
La legislación brasileña tardó alrededor de 21 años de discusión en el Congreso para ser aprobada. La norma establece responsabilidad compartida en la vida útil de los plásticos, además de indicar la obligación de una logística inversa para las empresas productoras.
Además, involucra a distintos actores como productores, importadores, minoristas y distribuidores de siete sectores industriales, quienes están obligados a desarrollar un plan de logística inversa que involucra la recolección del material reciclable a centros donde se reutiliza el plástico.
Por otro lado, cada Gobierno local debe crear su reglamento para gestionar el reciclaje de residuos y acercarlos a la población. Incluso, existen incentivos económicos para aquellos municipios que desarrollen este tipo de estrategias y cumplan con las metas establecidas.
Dentro de los objetivos se encuentra reciclar el 14% de los residuos generados al año para 2024 y que el 48% sea sometido a algún tratamiento, como el reciclado o la valorización energética para 2040.
Pese a haber dado el paso hace 13 años, de los 82 millones de toneladas de residuos generados al año, únicamente el 4% son reciclados, según datos de la Embajada de España en Brasilia en 2022.
En 2016 se promulgó la ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), una normativa que busca que los productores de insumos prioritarios recuperen un porcentaje de los residuos generados por la industria con fondos propios.
En este país, es el ministerio del Medio Ambiente el ente encargado de fijar anualmente la tasa de reciclaje.
“Los productos prioritarios establecidos a la fecha son neumáticos, envases y embalajes, aceites lubricantes, aparatos eléctricos y electrónicos, pilas y baterías”, señaló la cartera en su sitio oficial.
Los sistemas de gestión son las instituciones encargadas de organizar toda la logística que implica el proceso de reciclaje en Chile. Son entes sin fines de lucro conformadas por numerosas empresas productoras que financian y gestionan la recolección; son los encargados de contratar las compañías para que recolecten residuos en empresas y domicilios.
Por su parte, las municipalidades generan convenios con estos sistemas de gestión para traer el proceso de reciclaje. A su vez, tienen que definir los puntos limpios para recolectar los desechos de los ciudadanos.
De acuerdo con datos del Gobierno de Chile, el país genera cerca de 17 millones de toneladas de residuos al año y solo se recicla el 10%. En un principio, la meta era que a cinco años de su promulgación el porcentaje reutilizado subiera a 30%, sin embargo, no existen datos que respalden este objetivo.
En la región, las principales legislaciones de los países apuntan a la eliminación de plásticos de un uso como bolsas, sorbetes, cubiertos, como ejemplo. Además, ponen foco en cuidar espacios protegidos por la ley como parques nacionales. Sin embargo, no cuentan con una legislación tan restrictiva como son en Brasil y Chile.
En 2022, en Colombia se prohibieron 14 tipos de plásticos en el país, además para 2030 pretenden garantizar que el 100% de los productos de un solo uso sean reciclables.
En México, en 31 de 32 estados han establecido restricciones y prohibiciones de plásticos de un solo uso.
El caso de Paraguay es particular, pese a que no cuentan con una ley que obligue a las empresas a reciclar sus desechos, cerca del 60% de los plásticos PET son reciclados en ese país gracias a la labor de recicladores.
“En Paraguay como tenemos una alta tasa de recolección de residuos reciclables, no necesitamos la ley para salir a recolectar nuestros envases. Lo que necesitamos es fortalecer la cadena que ya existe”, comentó Almada.
